Alberto Vargas Peña (miembro de la Fundación Libertad)

El sector oficialista del PLRA se encuentra metido hasta el cuello en una trampa política de la que le es muy difícil salir. Entró en ella por falta de talento y sobra de prebendarismo; talento que no ha adquirido con el tiempo que ha pasado desde marzo de 1999 y prebendarismo que todavía condiciona todas sus actitudes.

En marzo de 1999, conducido por Domingo Laíno, formó parte de la conspiración que derribó al gobierno constitucional. Su discurso entonces era que la peligrosidad de Lino Oviedo justificaba el golpe de estado dado, y que el gobierno de concertación nacional legitimaba la violación de la Constitución.

En marzo para el PLRA el gobierno era legítimo. También lo era en Julio de 1999, cuando González Macchi dejó de ser presidente del Senado y se convirtió, ipso facto en usurpador.

En esa época los radicales auténticos aplaudieron frenéticamente la resolución inconstitucional e ilegal de la Corte Suprema que violó la Constitución dando a González Macchi la posibilidad de seguir la usurpación hasta el año 2.003.

No paró mientes el PLRA en que el TSJE debió convocar a elecciones inmediatamente de la muerte del Dr Argaña; no hizo caso de la ilegitimidad de gobernar sin ese llamado, y tampoco reparó en que el 1ro de Julio de 1999, al dejar de ser presidente del Senado González Macchi no podía seguir interinando la presidencia.

Y, por supuesto, no analizó los términos de la resolución de la Corte que no es órgano de consulta, que no puede dar "certidumbre constitucional" por prohibírselo la Constitución y cuyas resoluciones no son, en ningún caso "erga omnes".

Alegremente siguió como cómplice de un gobierno que cada día más se volvía stronista.

El oficialismo del PLRA sintió sin embargo la presión del pueblo que le reprochaba su escandalosa forma de proceder y después de muchas reticencias decidió convocar a una Convención, que determinó, por una mayoría aplastante, abandonar la complicidad con el stronismo.

A partir de ese momento los dirigentes tuvieron que cambiar de discurso. Y ¿qué han producido? Una ficción. En lugar de hablar de la ilegitimidad de origen, que es indudable, hablan de ilegitimidad de gestión, que no existe en una democracia. La legitimidad solamente la dan los votos, no las obras.

Si la legitimidad se ganara con las obras, cualquier gobierno nacido de un golpe sería legítimo si gobierna bien, y el artículo 138 de la Constitución sería aplicable únicamente bajo la condición del mal desempeño, lo que no es así.

La legitimidad no puede provenir en el Paraguay sino de la decisión del pueblo, manifestada en comicios libres, secretos, directos y de limpieza garantizada.

Un golpe de estado se puede justificar únicamente si restaura la libertad y la democracia, pero no se puede legitimar nunca. La justificación se hace indudable cuando el golpe conduce a elecciones en las cuales el pueblo pueda elegir libremente a sus mandatarios.

Pero la justificación no es legitimación. El golpe puede justificarse y aplaudirse si restaura la Constitución, pero no se puede hablar de gobierno legítimo nacido del golpe. Sería un gobierno de facto con un objetivo honorable que, cumplido, daría justificación plena al golpe.

Pero no le daría legitimidad.

El golpe de marzo creo una ilegitimidad irreversible, original, el 1ro de julio de 1999. Encima de ello, no se justificó con el retorno a la libertad y la democracia sino que por el contrario, condujo a la dictadura.