La
Constitución establece que la soberanía en el Paraguay reside
"en el pueblo". En cualquier lugar del mundo eso se
entiende como que cada ciudadano forma parte de la soberanía, y que
el gobierno no es más que una delegación de ciertos poderes
limitados, que deben ser ejercidos de acuerdo con la ley y
exclusivamente para el beneficio general. Los intereses generales
priman sobre los particulares solamente en el caso específico del
gobierno, que como es una administración delegada, debe conformar a
todos y no a sectores o personas.
La libertad es pues la norma y la limitación de la libertad
la excepción, y la democracia la forma de elegir al gobierno
delegado y la forma de resolver los conflictos. Dentro de este
esquema y para que funcione, es preciso contar con un poder
absolutamente confiable que otorgue la razón al que la tiene, en
todo caso de conflicto, ya sea entre particulares, entre grupos o
entre particulares y el gobierno delegado.
También dentro de este esquema el individuo es dueño
absoluto de su propio destino, salvo en la parte que voluntariamente
delega para su beneficio y el beneficio general. El
"estado", entonces, es una entelequia, una ficción que no
tiene ni puede tener más derechos que aquellos que los soberanos le
otorgan, y éste otorgamiento no es ilimitado sino, por el
contrario, se basa en la limitación de lo que llamamos "el
poder". La autoridad es delegada y limitada.
Eso, dentro del sistema conocido como "democracia
representativa" real. En el Paraguay no existe nada parecido.
El paraguayo no es dueño de nada, no puede confiar en que se le
otorgue la razón en caso de litigios y sabe perfectamente que se
encuentra apenas en libertad condicional. No puede elegir gobierno;
no puede limitar el gasto; no tiene representantes legítimos y, por
supuesto, no puede esperar justicia en sus litigios con "el
poder".
En el Paraguay la autoridad es "suprema" y pese a
la fórmula constitucional la soberanía se ejerce desde el
gobierno, que es omnipotente. La vida, la propiedad y la libertad de
los ciudadanos está a merced de la autoridad, sin duda alguna. Los
paraguayos, como en la peor de las etapas de sus viejas dictaduras,
no son dueños de su destino.
En el plano económico es el gobierno el que toma las
decisiones que afectan a los paraguayos en forma decisiva. Bajo una
apariencia de consulta con la "representación popular" -
que realmente no es representación de ninguna clase - el gobierno
puede hacer , y hace, todo lo que se le venga en gana, desde hacer
robar un automóvil en el Brasil para uso del presidente que usurpa
la presidencia, hasta hacer desaparecer millones de dólares del
Banco Central. Frente a estas acciones del gobierno, el paraguayo se
encuentra absolutamente impotente.
La solución no es un cambio de personas dentro del mismo
sistema, sino la destrucción total del sistema, para establecer uno
realmente libre y democrático, donde el gobierno sea sirviente y no
amo.
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