Enrique Vargas Peña

La marcha organizada por diversas organizaciones afines a la Iglesia Católica realizada el 24 de marzo tuvo muchos aspectos criticables, especialmente su llamado a aumentar la represión política, entre los que también cabe mencionar la reivindicación de la irresponsabilidad social.

Los mismos organizadores de la marcha se reconocen autores del derrocamiento, el 28 de marzo de 1999, del orden constitucional paraguayo e impulsores de la presente situación institucional que sufre el país.

Sin embargo, no asumen la responsabilidad de los problemas que dicha situación institucional ha estado ocasionando a la sociedad a pesar de confesarse plenamente conscientes de la existencia de tales problemas.

Por ejemplo, entre las exigencias que presentaron señalan "mejorar la capacidad de administrar los conflictos evitando...la excesiva dependencia de los intereses particulares", reconociendo que estos imperan en el Estado.

Exigieron también "implementar rigurosas medidas de control y regulación de las prácticas de corrupción", admitiendo la quiebra moral de la administración pública.

Requirieron además "evitar el nombramiento de funcionarios públicos en base al clientelismo político" aceptando que el Estado se ha repartido según se ha conquistado, como botín de guerra de los vencedores.

Demandaron también "implementar mecanismos ágiles que depuren la administración judicial de...prevaricato", concediendo que no hay justicia en el Paraguay.

Los organizadores de la marcha declararon ayer que lo que han hecho ha salido mal, que el modelo que han construido hace daño, pero no piden disculpas por los estragos que han causado; antes bien, reivindican las acciones que han postrado al Paraguay y, en realidad, exigen profundizar algunas de las peores características del presente régimen.

Es más, desconocen deliberadamente algunas cuestiones elementales de la vida social y de la fisiología del poder, como por ejemplo que cuando se articula una alianza de intereses para derrocar a un gobierno legítimo es imposible evitar la influencia de esos intereses en el régimen sobreviniente; que una administración judicial sometida a la influencia de esos intereses es, por definición, garantía de impunidad y que nadie toma el poder por la fuerza para entregar cargos a personas idóneas.

Estas cosas están estudiadas y enunciadas hace mucho tiempo como para que alguien pueda alegar inocentemente ahora estar sorprendido por los resultados de aquel desconocimiento pues, además, hubo muchos que advirtieron claramente lo que sucedería.

En síntesis, estas organizaciones afines a la Iglesia Católica han reivindicado ayer una licencia para actuar sin consideración de las consecuencias previsibles que sus propios actos acarrean, lo cual es, por supuesto, contrario al espíritu republicano, pero consistente con el papel tutelar, mesiánico, que se han atribuido a sí mismas.