Sobre
el informe que el Departamento de Estado de Estados Unidos produce
cada año acerca de los derechos humanos en los países con los que
los norteamericanos mantienen relaciones (195), que sirve al
Congreso de Washington para votar o no las partidas presupuestarias
destinadas a la
ayuda internacional o a la habilitación de créditos en los
organismos multilaterales, hay que decir que es un instrumento político
de la Casa Blanca.
El
gobierno de Bill Clinton (1993-2001) hirió de muerte el prestigio
de ese informe, al ponerlo al servicio de los intereses de quienes
le pasaban dinero para el partido Demócrata, como el filipino Mark
Jiménez o el indultado Marc Rich, por mencionar solamente dos casos
conocidos.
Teniendo presentes esas
consideraciones, el informe de 2001, el primero que avala la
administración que preside George W. Bush contiene, con referencia
al Paraguay, numerosos elementos que habían sido denunciados por la
oposición paraguaya y que fueron minimizados u ocultados por los
agentes de Clinton: la tortura, los asesinatos extrajudiciales, la
corrupción rampante, la restricción de los derechos ciudadanos y
las demás barbaridades que caracterizan al régimen autoritario
surgido el 28 de marzo de 1999.
El autoritarismo no dejó de serlo
porque antes tuviera la bendición de Estados Unidos, como no
dejaron de serlo las tiranías militares que Washington sostuvo en
la región en la década del setenta. Estados Unidos, avergonzado de
su propia conducta, es el que toma nota ahora de lo que estamos
sufriendo desde hace dos años los paraguayos.
Y con ese reconocimiento viene la vergüenza
inmarcesible de todos aquellos inmorales que han avalado, por
ideología, por dinero, por cálculo político o por cobardía, a un
gobierno cuya existencia es una afrenta a cualquier conciencia
medianamente decente.
En primer lugar, la vergüenza de gente
como el presidente brasileño, Fernando Henrique Cardoso, principal
sostén internacional del régimen paraguayo. Cardoso había avalado
ya, desde luego, a la corrupta dictadura de Alberto Fujimori en Perú,
a pesar de los desesperados llamados que le hicieron los demócratas
peruanos.
En segundo lugar, la vergüenza de
numerosos seudo demócratas paraguayos quienes comenzaron
justificando las violaciones del debido proceso para deshacerse de
un rival político para terminar callando ante horrores tan extremos
como los asesinatos extrajudiciales.
¿Qué dirán ahora que los crímenes
han sido denunciados por el gobierno norteamericano?
El informe sobre derechos humanos del
Departamento de Estado de Estados Unidos no dice nada que los
paraguayos de bien no supieran ya desde hace tiempo pero al menos
ayudará a reducir el escandaloso nivel de cinismo con que se han
venido conculcando los derechos del pueblo paraguayo.
Lo demás, establecer en el país un
gobierno decente, es tarea sólo podemos hacer los paraguayos.
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