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La
suerte del derecho del pueblo a controlar políticamente al gobierno
mediante elecciones municipales de medio término depende, no de la
fortaleza de los principios democráticos de algún sector de la
“clase política” paraguaya sino de sórdidas negociaciones
sobre espacios de influencia.
Reportes de prensa indican que el destino del proyecto de ley
por el que las fuerzas autoritarias del país desean anular,
unificando las elecciones nacionales y las municipales, aquel
derecho del pueblo a controlar al gobierno está supeditado al tipo
de acomodo al que puedan llegar argañistas y oviedistas en el seno
del partido Colorado.
La posición general del oviedismo no es fácil, ciertamente,
y en principio, la prioridad que toda entidad viva tiene es su
propia supervivencia.
Sin embargo, lo que el Paraguay necesita imperiosamente es
una fuerza, al menos una, que trabaje en base a principios y que en
la defensa de esos principios no acceda a transas, aunque eso le
cueste dilatar sus pesares.
El país está pagando las consecuencias de haber
promocionado a una “clase política” carente de principios. El
Paraguay está sufriendo una de las mayores crisis de su historia,
porque ha elevado al poder a gente sin escrúpulos, sin pudor.
El senador Armando Espínola acaba de producir, en defensa
del Ing. Juan Carlos Wasmosy, una prueba lacerante sobre el tipo de
marco moral en que se mueven muchos políticos paraguayos.
El derecho del pueblo a controlar políticamente al gobierno
en elecciones de medio término es una basa indispensable del
sistema democrático. Es un principio sin el cual podrán transar
sin temor al voto castigo políticos como el senador Espínola y
aquellos que en público prometen cambios que sacrifican en privado
a cambio de pantagruelicos asados wasmosistas.
Y cuando los políticos pueden transar impunemente a espaldas
del pueblo que les da los cargos y los salarios, viáticos y demás
estipendios de que gozan, ese pueblo termina teniendo que pagar
presupuestos desastrosos como el que para 2001 se está votando en
el Congreso, que traerá inflación, recesión y pobreza a casi
todos los paraguayos.
Esto sucede ahora porque en marzo de 1999, una mayoría de la
"clase política" logró desconocer y pasar por alto el
voto castigo que había recibido el 10 de mayo de 1998. La
unificación de las elecciones es la consecuencia institucional
lógica del "marzo paraguayo".
El oviedismo no debería, pues, si cree realmente en la
democracia, negociar ese derecho del pueblo a votar asiduamente en
elecciones nacionales y municipales diferenciadas como están ahora.
Incluso debería propugnar que la mitad de los dipuatdos y los
senadores se sometan al veredicto de las urnas en elecciones de
medio término. El oviedismo no debería exponerse a quedar en la
misma posición en que ahora está el vicepresidente de la República,
Julio César Franco. Hay cosas que no se negocian. La ciudadanía
necesita saber que hay cosas que no se negocian.
Cuando los paraguayos podamos ver a una fuerza política
luchando siempre por ensanchar los espacios de participación del
pueblo en la gestión del gobierno, luchando de frente, sin pactos
de trastienda, entonces, y sólo entonces, podremos volver a creer
en algunos políticos.
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