Enrique Vargas Peña

Algunos militares de la Artillería del Ejército, entre ellos algunos miembros de la banda de músicos, han sido arrestados durante el día domingo 21, bajo la acusación de cometer actos de indisciplina. Han sido privados de su libertad y remitidos al penal militar de Itaguá. Los detenidos están, además, incomunicados.

Los medios dan cuenta de que existen catorce ordenes de arresto emitidas y el ministro de Defensa, Nelson Argaña, habló de que existen, también, oficiales generales en situación de retiro que estarían implicados en los hechos.

¿Cuáles hechos?

Nadie dice mucho. El ministro de Defensa ha dicho que no se trata de un golpe de Estado. El presidente de la República sostiene que se trata de "expandir el rumor" de la supuesta, pero también desmentida, presencia del ex general Oviedo en el país, lo cual, a su juicio, no es admisible.

El general retirado Regis Romero sostiene que los arrestos y las denuncias de algunos órganos propagandísticos del régimen son parte de un intento por purgar a las Fuerzas Armadas de todo elemento que no sea incondicional de la familia del asesinado vicepresidente Argaña, que es depositaria de varios puestos influyentes en el gobierno y en el partido Colorado.

Estos hechos se producen en un ambiente enrarecido por el proyecto de reforma militar que el régimen está impulsando, que reduciría el tamaño de las Fuerzas Armadas y desmembraría su columna vertebral, la Caballería del Ejército.

No es posible pues, a esta altura de los acontecimientos y con los elementos de juicio dados a publicidad, establecer la naturaleza verdadera de los hechos en cuestión.

Pero hay algunas cosas que ya resultan obvias.

Por ejemplo, que el régimen está completamente decidido a ejercer un grado de control sobre las Fuerzas Armadas que llega al punto de vigilar los rumores, si es cierta la versión del presidente González.

El régimen de marzo no ha ocultado sus esfuerzos por convertir a las Fuerzas Armadas en su instrumento de dominación, mal usando para ese fin diversos instrumentos con los que pretende sojuzgar a la oficialidad.

Todo el Paraguay recuerda cómo el dictador Alfredo Stroessner usó un caso comparable, el del capitán Napoleón Ortigoza, para aterrorizar al estamento militar. Ortigoza estuvo preso durante 25 años.

El régimen de marzo, encabezado por Luis González Macchi, necesita de acciones como esa porque no es una autoridad civil legítimamente constituida. No lo era el 28 de marzo, cuando el general Garrigoza, comandante del III Cuerpo del Ejército, forzó la renuncia del presidente constitucional Raúl Cubas. Y no lo es hoy, tras haber vencido con creces el término tradicionalmente aceptado en el Paraguay para los gobiernos provisorios (90 días).