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Con
la excusa que le fue otorgada por la insurrección de la pasada
semana, el gobierno encabezado por el senador Luis Ángel González
Macchi ha resuelto privar de libertad a varios periodistas en el
marco de un movimiento más amplio de acallar la crítica a su gestión.
Prueba de este propósito es el increíble desmantelamiento
de Radio Asunción, en violación flagrante a lo ordenado en el artículo
27 de la Constitución de 1992 que establece que “el empleo de los
medios masivos de comunicación social es de interés público; en
consecuencia no se los podrá clausurar ni suspender su
funcionamiento”.
La intención de silenciar a la opinión crítica no hace más
que confirmar la naturaleza del régimen político que sufre el
Paraguay, que se había inaugurado hostigando duramente a los críticos
de las fuerzas que lo sostienen, en marzo de 1999.
Son vanos los reclamos a favor de la libertad de expresión
que se plantean a quienes aprobaron el estado de sitio del que se
vale el gobierno para amordazar a sus críticos, pues es conocido
que en ocasiones anteriores ellos ya sacrificaron los principios en
el altar de la razón política.
La
vocación del gobierno de González Macchi estaba despertando
suficientes dudas nacionales e internacionales (véanse los informes
de Naciones Unidas, OEA y Departamento de Estado de EEUU sobre
abusos de poder en el Paraguay) como para que los políticos
pudieran alegar inocencia a la hora de entregarle los poderes
extraordinarios que le dieron.
También
son inútiles los llamados que se hacen a los gobiernos extranjeros
para que observen lo que está sucediendo en el Paraguay, pues
muchos de ellos están implicados en la presente situación y han
avalado antes situaciones incluso peores.
Baste
recordar el apoyo internacional que tuvieron regímenes tales como
el de los Somoza en Nicaragua, el que los militares instalaron en
Argentina desde 1955 o el que ha recibido hasta hace muy poco el del
señor Alberto Fujimori.
De
hecho, la insurrección de la pasada semana dio a aquellos gobiernos
señalados la oportunidad de cerrar nuevamente los ojos mientras
González Macchi hace lo que quiere en el Paraguay.
Tampoco
cabe esperar que las corporaciones que reciben privilegios públicos
hagan algo por evitar el silenciamiento de las voces críticas,
considerando que sus más importantes exponentes son los que con
mayor vehemencia claman por restringir la participación popular.
El
derecho a criticar libremente al gobierno, así como todos los demás
derechos que hacen a la ciudadanía y de los que depende la
libertad, no pueden ser depositados en custodia de los políticos o
de las potencias extranjeras, sino que deben sostenerse en su
constante ejercicio y en la vigilancia de los paraguayos que desean
vivir en un país decente.
Por
cada periodista que vaya preso, por cada medio de comunicación que
sea desmantelado, los ciudadanos deben hacer surgir nuevas voces que
mantengan la esperanza en el Paraguay.
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