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De
un manera que está llamando la atención de todos los medios de
comunicación y de toda la sociedad, el escrutinio final de los
votos depositados el pasado 13 de agosto de 2000 sigue sin ser
completado por el Superior Tribunal de Justicia Electoral (STJE),
dando pie a numerosos rumores y a la posibilidad del surgimiento de
acciones por las cuales los perdedores provisorios de la señalada
elección pretenderán modificar las tendencias conocidas del
recuento por vía judicial.
Ya se ha comentado suficientemente que los integrantes del
STJE han llegado al lugar en que se encuentran en razón de una
decisión política de grupos de los que son mandatarios.
El presidente, Dr. Alberto Ramírez Zambonini, lo hizo por
acción del grupo liberal liderado por Domingo Laíno, actual aliado
del argañismo, aunque en base a los procedimientos constitucionales
entonces generalmente aceptados; los miembros Rafael Dendia, quien
llegó al cargo como representante del grupo liderado por Guillermo
Caballero Vargas, también aliado del argañismo y Juan Manuel
Morales, quien está allí como representante del grupo liderado por
el ex presidente Juan Carlos Wasmosy, aliado por el momento del argañismo,
lo hicieron por procedimientos menos regulares.
No es coincidencia, ni accidente, pues, que dada la derrota
provisoria del candidato a quien sus mandantes apoyan, se encuentren
desarrollando acciones que, sin salir aún del marco de la ley,
eviten el reconocimiento del triunfo de Julio César Franco o
generen dudas sobre su legitimidad electoral.
El STJE no es confiable en absoluto, como pretenden hacer
creer la embajada americana y la misión de la Organización de
Estados Americanos. Lo que es confiable, siempre y cuando se ejerza
estricta vigilancia, es el sistema electoral.
Los resultados se están presentando adversos al régimen
simplemente porque la oposición ha logrado esa estricta vigilancia,
sobreponiéndose a las presiones que, en forma desembozada y directa
tratan de ejercer sobre el STJE los señores Laíno, Juan Carlos
Galaverna, Mario Paz Castaign y José Félix Fernández
Estigarribia.
Pero a medida que transcurren los días, se delinea con cada
vez mayor claridad la colaboración de estos jueces electorales en
el plan de enturbiar, como siempre sucede, el pronunciamiento del
pueblo paraguayo o, siendo esto difícil, de impedir que ese
pronunciamiento tome efectos prácticos que pongan en peligro la
hegemonía de la coalición de marzo en el poder.
Aunque es claro también, para todos, que un nuevo
desconocimiento de la voluntad popular (sería el tercero auténticamente
grave) dejaría al régimen ya sin margen alguno de maniobra
interna, algo que ni siquiera William Jefferson Clinton podría
remediar.
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