Las
autoridades municipales de Asunción están desarrollando, desde el
inicio de la anterior administración local, encabezada por Carlos
Filizzola, una política sobre Asunción que tiene el grave defecto
de no haber sido anunciada a, y mucho menos consultada con, la opinión
pública capitalina.
Aunque en el Paraguay no hay que descartar que determinadas
acciones públicas sean debidas a la torpeza pura y simple de los
administradores públicos, abonada por la ignorancia y por la ambición
que generalmente caracterizan a los políticos, es mejor siempre
empezar por suponer que se trata de políticas deliberadas, aunque
no sean más que políticas tendientes a llenar la caja fiscal o a
favorecer a ciertos intereses.
No es posible definir claramente esa política, puesto que se
mantiene oculta, pero sus efectos son ya muy evidentes. Uno de ellos
es la degradación del centro histórico de la ciudad.
Como en ese efecto están colaborando también otras
autoridades, por ejemplo las del Congreso Nacional, que se niegan
con cualquier excusa a iniciar la construcción de su nueva sede,
cabe presumir que ella, la política en cuestión, está dictada
desde fuera de la Municipalidad.
En lo que toca al centro histórico de la ciudad, dos han
sido los instrumentos principales mediante los que se ha hecho todo
lo posible por reducirlo: primero, el CEA (Control de
Estacionamiento de Asunción), empresa privada de propiedad, según
coinciden los medios de prensa, del ex presidente Juan Carlos
Wasmosy, que regula las posibilidades de estacionamiento vehicular;
Segundo, el avalúo fiscal inmobiliario de la zona céntrica.
No es que no haya que controlar los estacionamientos en zonas
congestionadas de la ciudad, sino que hacerlo no debería ser excusa
para la comisión de abusos, en precios y en conductas, que
perjudican a la ciudadanía a la que se dice servir.
Con ambos instrumentos, los dos últimos gobiernos
municipales, el de Filizzola y el actual de Martín Burt, han hecho
la vida en el centro poco menos que imposible. Mantener allí un
local comercial es, sencillamente, quedar fuera de competencia en
razón de los costos agregados por estos dos instrumentos.
Un capítulo aparte merecen los prostíbulos, que el
Intendente Burt se muestra incapaz de erradicar de la zona, que no
pagan impuestos y que suponen una notable fuente de inseguridad
ciudadana, desorden moral y fealdad edilicia.
Ahora el intendente Burt extiende, por decreto una vía
que se considera dudosa desde el punto de vista legal- la jurisdicción
del CEA a la zona de Villa Morra, floreciente barrio comercial en el
que tienen sede dos grandes centros de compras, bancos,
restaurantes, etc.
El
efecto será el mismo que en el centro y por las mismas causas: se
desalentará el desarrollo del barrio elevando artificialmente los
costos operativos de los comerciantes allí establecidos.
Lo
que debió haber hecho el Intendente Burt es abrir un amplio debate
sobre ese y los demás temas y tomar después decisiones en forma
transparente.
Por alguna razón en la Municipalidad de Asunción se
prefiere, en cambio, la oscuridad.
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