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Uno
de los negocios más conocidos del crimen organizado en Estados
Unidos era la venta de protección, una especie de seguro contra la
violencia al que los malvivientes ordenaban ingresar a comerciantes
y tenderos en orden a ahorrarse asaltos, golpizas y robos.
La mafia realizaba sus pillajes y ofrecía no realizarlos a
cambio de dinero.
Para
que el negocio fuera rentable, necesitaba que los encargados del
orden público no metieran las narices mientras actuaba.
Las fuerzas de seguridad abdicaban de sus derechos para que
la mafia la reemplace incluso en la recaudación de impuestos, que
se duplicaban: el que se pagaba a la ciudad y el que se daba a la
mafia.
En un momento dado aparecieron políticos pagados por la
mafia para ordenar legalmente a las fuerzas del orden que abandonen
ciertas áreas. Desde
entonces
la mafia encontró en la actividad política una notable fuente
adicional de influencias e ingresos.
Así se potenciaron los mayores imperios criminales
norteamericanos.
Cualquier semejanza con la realidad paraguaya no es pura
coincidencia.
El Estado paraguayo está abdicando de la obligación
constitucional que tiene de ejercer el monopolio de la fuerza y el
lugar que deja está siendo ocupado por fuerzas privadas, del mal y
del bien, que no responden al mandato del pueblo.
En realidad, denuncias como las que afectan al ministro de
Obras Públicas y Comunicaciones, Walter Bower, referidas a
participación de allegados suyos en un asalto en el que fueron
robados once millones de dólares, muestran que la cosa ha llegado
mucho más lejos de lo que pudo haber sospechado el menos confiado
de los ciudadanos.
Se trata, nada menos, de que el crimen se organiza en esferas
muy cercanas al poder. Esto es lo que viene anunciando a quien lo
quiere escuchar el obispo católico Mario Melanio Medina, quien
sostiene que, simplemente, la mafia gobierna ya en Paraguay.
La gente se pregunta, no sin justificación, si el progresivo
deterioro de la capacidad del sector público para proveer los
servicios que está constitucional y legalmente obligado a
proporcionar no es ya consecuencia de una política deliberada que
compele a los ciudadanos a contratar servicios privados que suplen
aquellos trabajos y que significan al ciudadano una erogación
doble, el impuesto y la cuota de esos servicios privados.
Desde los nuevos ejércitos de guardias privados que
suplantan a la Policía hasta empresas que ofrecen reguladores de
voltaje para salvar las instalaciones domiciliarias de los apagones
y bajas de tensión de la Ande, las falencias del sector público se
están convirtiendo en otras tantas oportunidades para los amigos
del gobierno, siguiendo el mismo modelo que convirtió a los
aparatchik comunistas en los capitalistas de la nueva Europa del
Este tras la caída del Muro de Berlín.
Los axiomas de Lord Acton son en Paraguay más evidentes que
en ninguna parte, “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe
absolutamente”.
Y el poder en Paraguay es absoluto, porque lo ejerce la
coalición que en marzo de 1999, que se formó en setiembre de 1997,
derrocó al gobierno constitucional: ella es gobierno, es oposición
y es órganos de control y tribunales. No tiene contrapeso y
persigue y destruye a cualquiera que pretenda serlo.
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