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El
senador wasmosista Esteban Samaniego Alemán denunció, a través
del medio de
comunicación de su líder Juan Carlos Wasmosy (Radio Uno),
que el vicepresidente “Yoyito” Franco recibe doscientos mil dólares
por mes del presidente González Macchi para no reclamar la
presidencia de la República.
Se trata, indudablemente, de una maniobra de Wasmosy
destinada a acelerar su intento de copamiento del poder total en la
República, como se explicó claramente en diversos medios de
comunicación.
Pero ese no es el punto central de la cuestión.
El asunto principal es que la denuncia se realiza desde un
sector que conoce a cuánto se cotizan los hombres públicos en
Paraguay, qué
procedimientos se usan para satisfacer esas cotizaciones y cuáles
canales son apropiados para efectivizarlas.
La denuncia de Samaniego desnuda la forma en que se opera en
el mundo político paraguayo y muestra claramente por qué casi
nadie defiende al pueblo en los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, ni en los departamentos, ni en los municipios.
La denuncia de Samaniego explica cómo gente que llegó a la
vida pública pidiendo limosnas se encuentra ahora, tras una rápida
transición desde la pobreza hacia la riqueza, en una posición económica
privilegiada, gozando de bienes y servicios que jamás se hubiera
atrevido a soñar siquiera de haber tenido que ganarlos trabajando.
Wasmosy,
el mayor titiritero del Paraguay actual, no ha hecho más que
mostrar un poco de lo mucho que puede decir en orden a calmar a
antiguos clientes díscolos o a aliados poco confiables.
El
ingeniero haría un gran favor al país si revelara aunque sea un
diez por ciento de las operaciones de este tipo que se han estado
realizando y se realizan en el mundo político. Muchos podrían
estar apurados por hacer saber al ex presidente que no volverán a
desafiarlo en lo sucesivo.
Un
país que ha caído a un punto tan enorme de descomposición que el
afectado por la denuncia, “Yoyito” Franco, cree que es
suficiente una ridícula conferencia de prensa para seguir como si
nada hubiera pasado y donde el Poder Judicial ni siquiera amaga
emprender una investigación, debe pensar seriamente en reforzar drásticamente
el control electoral del pueblo sobre sus mandatarios y
representantes.
En el Paraguay no solamente es conveniente establecer el sistema
electoral uninominal mayoritario con elecciones cada dos años y
revocatoria de mandato, sino que es imperativo, es una cuestión de
vida o muerte para la República pues de no hacerse eso terminará
comprada, con dinero de los propios ciudadanos, por algún astuto
contratista del Estado.
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