Enrique Vargas Peña

La dictadura instaurada el 28 de marzo ha impuesto el terror como instrumento de su acción política y lo ha hecho con sádico cuidado, aplicando solamente las dosis suficientes, no porque sea mesurada sino porque es taimada.

Con la excusa de combatir al oviedismo, el terror afecta a toda la sociedad a la que se impone de ese modo perverso el silencio ante el desgobierno y la conformidad con la arbitrariedad.

En un artículo publicado el 2 de mayo, Pepa Kostianovsky justificó la lógica del régimen y el combate a los "aliados pasados, presentes y futuros" del ovidiesmo.

Los integrantes del Frente Sindical, por ejemplo, acusados de aliados del oviedismo, estuvieron muy cerca de probar la represión.

El terror consiste en imponer un miedo extremo al castigar "ejemplarmente" las conductas de los ciudadanos que suponen contestación al régimen, y mostrar, al aplicar los castigos, que los represores quedan impunes y los castigados quedan sujetos a recibir eventualmente mayores castigos.

Está el caso de Francisco José De Vargas, quien el 30 de marzo mostró, pistola en mano, los límites de la tolerancia del régimen en el ámbito parlamentario.

El Senado de la dictadura, que desaforó a opositores por cosas tan serias como aparecer en fotografías, premió a De Vargas con la impunidad por ese hecho.

Según la prensa, Luis Alberto Mauro recorría el país hasta hace poco, con órdenes de allanamiento firmadas en blanco, para montar planes en los que involucraría a opositores que luego serían privados de libertad.

A otra escala, pero con idéntico efecto, uno de los hijos del asesinado vicepresidente Argaña interceptó hace unos meses el automóvil de un particular y por la fuerza le hizo retirar las calcomanías de Lino Oviedo que tenía.

La policía de la dictadura, en vez de detener al agresor, detuvo al agredido, quien todavía fue demorado en una comisaría.

Hace pocos días un ingeniero fue interceptado por varios vehículos, violentamente detenido y demorado en otra comisaría, sin poder dar aviso, porque el jefe de seguridad de la dictadura, Walter Bower, se sintió amenazado por el mero tránsito del ingeniero.

Las fuerzas de seguridad del régimen, en vez de rectificar la arbitrariedad, lo demoraron más aún, para dejar constancia de la omnipotencia de sus jerarcas.

El 30 de noviembre, cuatro periodistas fueron salvajemente agredidos por esbirros de la dictadura, vinculados al ministerio del Interior y a la facción que usurpa la dirección del partido Colorado.

La policía del régimen, como en todas las ocasiones anteriores, no garantizó los derechos de los agredidos y no sabe cómo exculpar a los agresores.

Nada menos que cinco ministros del régimen dijeron que la cosa no debería pasar a mayores, para evitar el procesamiento de los responsables.

Este último caso es singularmente ilustrativo de lo que sucede en Paraguay: el régimen reconoció públicamente la existencia de estos grupos de agresores organizados por él para amedrentar a la población, a pesar de que la "periodista" Sannie López Garelli ocultó la golpiza a la audiencia de CNN, que fue deliberadamente privada así de conocer el verdadero aspecto del Paraguay de Marzo.

Las víctimas de este suceso, que son periodistas que defienden esta dictadura en sus órganos propagandísticos (Ultima Hora, Noticias, etc.), ahora querellan a los infelices que fueron a agredirlos, pero guardan silencio sobre el régimen represivo que forma, alienta, protege y reconoce a estos grupos.

¿Por qué callan?

Porque la golpiza es el discurso de la dictadura para la población: el que tiene la osadía de meterse, aún por accidente, se expone a recibir un castigo. Así asustan a la mayoría, reducida a soportar pasivamente las fechorías del régimen.