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El
escándalo del desvío de fondos originalmente destinados a cubrir
las necesidades de dos bancos en liquidación (Unión y Oriental),
está superando las previsiones más desesperanzadoras.
Diversas
investigaciones han confluido. Una, del diario ABC Color, acompañada
ahora por diversos medios de prensa y otra, del senador Gonzalo
Quintana (partido Liberal Radical Auténtico).
Ambas
investigaciones confirman con abundantes firmas, fechas, hechos y
documentos la corrupción general del régimen inaugurado con el
golpe de Estado del 28 de marzo de 1999.
El
régimen de marzo pretende en estos momentos hacer creer que los únicos
culpables son el ex superintendente Carlos Pecci, el ex presidente
del BCP Washington Ashwell y el director del BCP Julio González
Ugarte, cuya destitución ha sido ya solicitada al Senado.
Eso
es absolutamente falso.
Es
muy importante comprender qué ocurrió en el Paraguay a partir del
7 de setiembre de 1997 para entender este escándalo presente.
El
7 de setiembre de 1997 el general Lino Oviedo triunfó en las
elecciones internas del partido Colorado a caballo de una idea única:
la necesidad de castigar a quienes habían convertido al gobierno de
la República en una madriguera de corruptos.
Es
necesario hacer notar que no interesa aquí que Oviedo creyera o no
en esa idea, ni si era sincero o no al encarnarla, ni si tenía o no
altura moral para expresarla. Lo que interesa, a los efectos de la
interpretación de la voluntad pública, es que esa idea fue creída
por la mayoría y votada. Lo que interesa aquí es lo que dijo el
pueblo al votar por Oviedo.
Ante
ese desafiante pronunciamiento del pueblo, los grupos que se habían
beneficiado de la gestión presidencial de Juan Carlos Wasmosy (la
Iglesia Católica, la Asociación de Empresarios Cristianos, el
partido Liberal Radical Auténtico, el partido Encuentro Nacional,
los socios comerciales de William Jefferson Clinton y el gobierno
brasileño –la coalición de marzo-) resolvieron enfrentar ese
desafío y defender sus fuentes de beneficio a cualquier precio.
Y
lo hicieron. Consolidaron su apoyo corporativo a la candidatura
presidencial de Domingo Laíno y Carlos Filizzola y usaron todo el
aparato del Estado para impedir el triunfo del partido Colorado el
10 de mayo de 1998.
Violaron
el debido proceso, restauraron la obediencia debida, apresaron
arbitrariamente a Oviedo, justificaron reabrir un proceso fenecido,
legislaron contra él, la Corte Suprema falló contra derecho, y
todo el largo etcétera de abusos ocurrido entre el 7 de setiembre
del 97 y el 10 de mayo del 98.
Sin
embargo, el pueblo les volvió a propinar una sonora paliza y votó
contundentemente por los candidatos colorados.
Derrotada
pero no vencida, la coalición de marzo resolvió entonces impedir
que gobiernen los elegidos y eventualmente derrocarlos, lo que
ocurrió finalmente aquel 28 de marzo.
El
gobierno constitucional fue derrocado principalmente porque se
interponía entre los integrantes de la coalición de marzo y los
privilegios de los que se nutren y, claramente, su propósito era
entonces, como sigue siendo ahora, recuperar su dominio sobre los
recursos públicos, eliminando en la medida de sus posibilidades
todo elemento de control sobre ellos.
De
allí a la impunidad más aberrante y de ella a la más escandalosa
corrupción solamente había el tiempo que tardarían en desvalijar
el país.
El
escándalo de los dieciséis millones de dólares, pues, es apenas
una muestra pequeña de lo que los coaligados de marzo han hecho con
y desde el Estado, desde Yaciretá, desde Itaipú y desde
dondequiera que han podido.
Y
ese estado de cosas no lo pueden modificar quienes han sido sus partícipes,
sino aquellos que se han opuesto a él.
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