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EL INFORME ESTADOUNIDENSE SOBRE DDHH

Alberto Vargas Peña (miembro de la Fundación Libertad)

El gobierno de los Estados Unidos de América produce un informe anual sobre el estado de los DDHH en algunos países del mundo – jamás leí un informe sobre lo que ocurre en Alemania, Japón o el Reino Unido de la Gran Bretaña –en el cual hacen consideraciones sobre la realidad de un país vista desde el balcón estadounidense.

Normalmente esos informes se hacen teniendo en cuenta los valores que son normales en los propios Estados Unidos, ahora que ya no tienen el problema de la segregación racial.

Uno de los valores capitales de los Estados Unidos, que nace de su origen británico y está inserto en su maravillosa Constitución, es que toda persona debe ser considerada inocente hasta que un juez, mediante un debido proceso, la declare culpable, basado en evidencias que vayan "mas allá de toda duda razonable".

Hasta ahora yo no había visto en los informes acerca del respeto a los DDHH en los países que ordinariamente no los respetan, que se modificara ese principio.

Hay que recordar que uno de los "derechos humanos" principales es el derecho a tener juicios justos y a que sea presumida su inocencia en tanto no se compruebe su culpabilidad en algún delito.

Curiosamente, en el informe sobre Paraguay, el gobierno de los Estados Unidos introdujo una presunción malévola con respecto a un caso judicial específico que afecta a una persona acusada, sin evidencias de ninguna clase, de ser la autora moral de un homicidio.

Todos sabemos que lo han hecho por motivos políticos, pero jamás lo habían hecho antes.

Yo creo que el gobierno de los Estados Unidos, como cualquier otro gobierno, tiene el más perfecto derecho de dudar de las intenciones de cualquier político de cualquier país y de advertir a los pueblos el peligro que corren si le prestan oídos; lo que no puede hacer el gobierno de los Estados Unidos es traicionar su propia esencia, esa que les otorga el derecho de informar sobre el cumplimiento de los DDHH en un país.

El informe estadounidense es bastante correcto en lo que se refiere al comportamiento del gobierno paraguayo, y si hubiera respetado su propia legislación y sus propios principios en lo referido a la imputación basada en una presunción, hubiera sido excelente, incluso advirtiendo al pueblo paraguayo del peligro de caer en manos de políticos populistas.

La condena al gobierno ilegítimo y usurpador es adecuada a la realidad aunque no quieran admitir que, además de los DDHH, se ha violado en el Paraguay la Constitución en lo que se refiere a las normas de sucesión, y se le niega al pueblo su derecho de elegir sus mandatarios.

La impresión que deja el informe es que el gobierno de los Estados Unidos ha querido hacer explícita su condena al Gral. Lino Cesar Oviedo, político al que quieren impedir a toda costa el acceso al poder, por cuestiones que solamente el gobierno estadounidense conoce, y que, como se ve obligado a condenar al gobierno nacido del golpe de marzo – también enemigo de Oviedo por lo menos hasta que haga un arreglo con él– por las barbaridades cometidas, teme que el informe sirva para hacer saltar a los paraguayos de mal a peor.

Lamentablemente el gobierno de los Estados Unidos, obnubilado por su deseo de sacarse de encima al Gral. Oviedo ha cometido una falta grave contra sus propios principios, lo que no es extraño bajo el gobierno del Clinton.