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LA LEGITIMIDAD DEL RÉGIMEN

Alberto Vargas Peña (miembro de la Fundación Libertad)

¿Qué es lo que hace legítimo a un régimen de gobierno? En el antiguo Egipto era la sangre sagrada; en Atenas era el sufragio; en Roma una combinación de sangre y sufragio; durante la hegemonía del catolicismo, el llamado "derecho divino"; en las democracias modernas, la voluntad popular expresada por medio del voto, de acuerdo con un sistema de leyes previas denominado Constitución.

En la República del Paraguay la legitimidad del mandato se obtiene exclusivamente por medio del sufragio. En casos excepcionales, como ausencias y vacancias, mediante el sistema establecido por el artículo 234 de la Constitución. Que, en todos los casos, se remite a las elecciones para completar vacancias.

En la República del Paraguay no hay legitimidad posible obtenida a través de acuerdos políticos. Por otro lado el "iluminismo", la doctrina que proporciona facultades decisorias a personas supuestamente dotadas de atributos intelectuales superiores no se aplica en una democracia.

Nadie tiene derecho a decidir por otro, no teniendo mandato otorgado por el pueblo, en ninguna cuestión que se refiera al futuro colectivo.

Esto está muy claro en la Constitución paraguaya; sin embargo, el Paraguay vive, desde marzo de 1999 un sistema inconstitucional que ha instaurado un gobierno ilegítimo y usurpador. ¿Cómo ha sucedido tal cosa? Mediante un golpe de estado tramado desde el Congreso e instrumentado por la Corte Suprema de Justicia.

Los corifeos de la nueva dictadura pretenden hacer creer que una resolución inexistente – por obrar directamente contra la letra y el espíritu de la Constitución – de la Corte Suprema de Justicia concede legitimidad a tal gobierno.

¿Existe una resolución que atente directamente contra la letra y el espíritu de la Constitución? ¿Existe una disposición tomada por un organismo judicial, a espaldas de la ley?

La propia Constitución se encarga de decir que no. El artículo 137 in fine establece que "carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido por esta Constitución". Y el artículo 256 ordena que "toda sentencia judicial debe estar basada en la Constitución y la ley". Todo acto, judicial o administrativo, contrario a la Constitución y la ley, no existe, es nulo, sin valor y no vinculante.

La disposición de la Corte Suprema concediendo mandato al gobierno actual hasta el 2.003, es decir otorgando un mandato que solamente puede otorgar el pueblo, no existe, es nula, no tiene valor y no es vinculante. Los paraguayos estamos autorizados por la Constitución a resistirla y desconocerla, según el artículo 138.

¿ De qué legitimidad habla entonces Alcibiades González Delvalle? ¿De una legitimidad que él cree posible mediante un acuerdo entre cúpulas que nadie ha elegido? ¿Cree que alguien se legitima porque existe el peligro de que gane las elecciones el candidato no querido? ¿Cree acaso que eso es democrático?

La respuesta a esas preguntas, ya que no se le puede negar el ser informado a Alcibiades González Delvalle es que si defiende la ilegitimidad es porque tiene interés personal en el mantenimiento de la situación irregular. Defiende lo que le conviene, en lo cual no tiene por qué creer.