Alberto Vargas Peña (miembro de la Fundación Libertad)

La Iglesia Católica, Apostólica Romana, Capítulo paraguayo, se comporta en el país como si la Constitución sancionada en 1992 no existiera.

Como la gente informada sabe, desde 1811 a 1992, el Estado paraguayo y la ICAR estaban unidos por un concordato que establecía el patronazgo del gobierno sobre la ICAR paraguaya mientras que el Estado estaba sometido a la religión católica.

Había "tolerancia" de cultos pero no libertad, y los miembros del gobierno tenían que profesar obligatoriamente la religión católica.

El sistema convirtió, de hecho, al Paraguay en un feudo católico más y las jerarquías eclesiásticas eran en realidad jerarquías estatales. El cura conformaba con el comisario y el juez de paz las autoridades supremas en las regiones rurales, y el Obispo y luego el Arzobispo de Asunción tenían, de hecho, una categoría superior a la de Ministro del Poder Ejecutivo.

Bajo la Constitución de 1940 el Arzobispo de Asunción y luego el Presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya formaba parte del Consejo de Estado.

Si bien en todas las Constituciones, desde 1870, se prohibía a los ministros de la ICAR hacer política, elegir o ser elegido, encontraban la manera de no tener en cuenta las disposiciones constitucionales y ordinariamente quien más actividad política realizaba era el cura, que desde el púlpito intrigaba, destruía prestigios o desinformaba al pueblo que escuchaba esa voz como si fuera la del mismo Dios.

La ICAR tiene una tradición de intervención en la política paraguaya desde la propia independencia. Solamente bajo la dictadura del siniestro Dr França la ICAR recogió velas, bajo pena de muerte.

França, sacerdote ordenado él mismo, sabía como tenía que jugar sus barajas con respecto a la organización que le nutrió del saber despiadado que luego aplicó al pueblo.

A la ICAR no le molestó en absoluto la posición de França, porque no favorecía la libertad. No conozco un solo documento de la ICAR que condene la dictadura de França.

En 1992 se pensó que la hora de la independencia del tutelaje de la ICAR había llegado, y se separó la ICAR del Estado paraguayo. Los terrores de la agonía hicieron que un senador, ateo desde siempre, hiciera un reconocimiento absurdo a la ICAR, que no merece comentarios; la verdad es que por el artículo 24 de la Constitución, los nudos quedaron desatados de derecho. Pero de hecho siguieron tan fuertes como siempre.

El Estado paraguayo no profesa ninguna religión, pero sus capellanes son catolicos; la ICAR recibe subsidios estatales para mantener su estructura y la influencia política sigue siendo la misma.

Los curas continúan haciendo política a despecho de las disposiciones constitucionales y legales, sin solución de continuidad, y el embajador del Vaticano interviene en la política paraguaya cuando y cómo se le da la gana, sin que nadie – salvo algunos pocos por supuesto – se interese en el asunto, lo critique o lo condene.

El gobierno ilegítimo y usurpador, que se ve apoyado por la ICAR, no tiene la menor intención de hacer cumplir la Constitución o la ley, como es lógico.