Alberto Vargas Peńa (miembro de la Fundación Libertad)

Fue en la Carta Magna donde los barones ingleses impusieron al Rey Juan Sin Tierra la obligación de consultar con la representación de los nobles para obtener la contribución a sus arcas: "No habrá contribución sin representación", fue el principio que impusieron. Desde entonces los liberales condicionan la contribución al poder administrador, a la decisión, acuerdo y control de la "representación".

Es la "representación" entonces la que en un estado liberal decide cómo se contribuye, y quien y cuanto lo hacen. Como el estado liberal es un estado no de "derecho" sino de "justicia" que no es lo mismo, el "quien" son todos, el "como" es el de la manera más fácil y el "cuanto" es lo menos posible.

La contribución en un estado liberal tiene límites de los cuales no se puede salir por más mayoría que la vote, y ese límite es el que impone la necesidad de preservar la propiedad privada y su desarrollo. Para los liberales la propiedad privada es la base de la libertad.

El estado liberal exige, además, una "representación" legítima. No es cualquier representación, ni la representación de partidos políticos ni una con mandato abierto. Es una representación férreamente vinculada a un electorado tangible que tiene mandato cerrado. El representante debe obedecer lo que quiere su electorado y cumplir la promesa electoral.

Por ello, la "representación proporcional" no tiene cabida en la democracia liberal.

Solamente la "representación" legítima garantiza que la contribución quedará limitada. La representación proporcional se convierte en representación de las cúpulas partidarias, y tiende inevitablemente a aumentar los gastos de la Administración, sobre todo si es "su" Administración. En el Paraguay el ejemplo es fehaciente. Los resultados de la representación proporcional están a la vista.

Por otra parte, solamente la representación legítima asegura el control de lo contribuido. La representación proporcional tiende, inevitablemente, a no controlar los gastos de la Administración manejada por un partido político.

Así, los gastos crecen y es inevitable que se exija al pueblo cada día mayor contribución con cualquier pretexto. Si representación genuina o legítima, no hay control posible de la contribución.

En el estado liberal la contribución es exigible solamente cuando existe la contrapartida del cumplimiento de los fines del gobierno: Garantizar la seguridad, y la salud de los contribuyentes. El gobierno liberal no tiene otra misión.

Todo lo demás debe hacerlo la iniciativa privada en completa libertad.

De esto deviene el derecho de los contribuyentes de no contribuir cuando un gobierno rebasa los límites, destruye la representación legítima o avasalla la justicia. La resistencia a la contribución entonces forma parte del derecho de rebelión, que los liberales reivindicamos contra los gobiernos dictatoriales o tiránicos.

Todo esto lleva a demostrar que el impuesto no es sagrado para los liberales, sino que es una contribución limitada, aceptada por una representación legítima, que tiene exigencias de contrapartida. A partir de esta forma de pensar, es que se puede hablar de establecer contribuciones.