Alberto Vargas Peña (miembro de la Fundación Libertad)

La Constitución de 1992 creó un organismo nuevo, proveniente de Italia, llamado Consejo de la Magistratura, que sería encargado de evaluar – en teoría – los méritos de las personas que serían nombradas como ministros de la Corte Suprema y magistrados judiciales.

En su país de creación, el Consejo de la Magistratura sirvió para desatar el nudo gordiano de la paridad de potencia del Partido Demócrata Cristiano de Alcide De Gásperi y el Partido Comunista.

Fue una solución política y politizó el Poder Judicial italiano hasta su corrupción total. Dondequiera que fue organizado el Consejo de la Magistratura jugó el mismo papel, el de politizar la Justicia y corromperla.

En Venezuela, por ejemplo, la Justicia se hundió en el fango a causa de la acción de ese organismo.

En el Paraguay, el Consejo de la Magistratura cumplió exactamente el mismo papel. Producido el Pacto de Gobernabilidad entre el Ing Juan Carlos Wasmosy y el Dr Domingo Laíno, el Consejo de la Magistratura aceptó dócilmente el nombramiento político de ministros de la Corte Suprema y, sin parar mientes en la personalidad de los postulantes, situó en las ternas a personas que no llenaban los requisitos para ser mandaderos de una secretaria de juzgado.

Una de ellas, por ejemplo, fue torturadora, y tomó declaración al Capitán Napoleón Ortigoza en la sala de torturas del siniestro Departamento de Investigaciones. Otra de ellas, no había pisado un Tribunal en su vida. La tercer persona, era conocida por su capacidad de venderse al mejor postor y defender las posturas más contradictorias.

Bajo el imperio de la Corte Suprema nombrada por el Consejo de la Magistratura – el nombramiento del Senado y el acuerdo del Poder Ejecutivo fueron apenas una simulación para cumplir el requisito constitucional – el Poder Judicial paraguayo se corrompió hasta el tuétano y provocó que el Paraguay sea el paraíso de la impunidad, de la arbitrariedad y se convirtiera en el segundo país más corrupto del mundo.

La relación entre los miembros de la Corte Suprema de Justicia y la corrupción paraguaya es inocultable. Como el pez, el Poder Judicial se pudre desde la cabeza, y el Paraguay no fue una excepción. Podrida la cabeza, desde el inicio, se pudrió todo.

La responsabilidad de la corrupción entonces es directamente imputable al Consejo de la Magistratura, cuyos integrantes alguna vez tendrán que responder por ello. Como el Paraguay se endereza hacia una dictadura cuya duración no puede preverse, tal vez pase algún tiempo antes que los responsables del desastre paraguayo respondan por sus actos. Ello no quiere decir que no pagarán. En términos de honor, ya están desprestigiados hasta la médula; solamente falta que la justicia les llegue en forma de castigo personal.

Los miembros del Consejo de la Magistratura pretenden refugiarse en una falacia: Dicen que ellos presentaron ternas, de las que fueron elegidas las personas por el Senado. Es falso. Las ternas ya estaban orientadas a que las personas elegidas por Wasmosy y Laíno fueran las elegidas; todo lo demás fue un simulacro.