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Gramont Berres, su estafa y las implicancias constitucionales

Alberto Vargas Peña (F. Libertad)

20 de diciembre de 2001

Durante la dictadura de Alfredo Stroessner tuvo bastante relevancia en el Paraguay un personaje que se hacía llamar Gustavo Gramont Berres. Era imaginativo y bastante inteligente, y rápidamente, mediante la aplicación de principios cortesanos, se ganó la confianza, y hasta el afecto del dictador. Como la palabra – y los afectos – de Stroessner eran la ley, todo el mundo le abrió las puertas a Gustavo Gramont Berres, que comenzó a hacer cosas, cada una más lucrativa que la otra. Gustavo Gramont Berres fue quin propició la erección de un monumento, tipo Valle de los Caídos, sobre el Cerro Lambaré, donde situó una gigantesca estatua del dictador. E hizo algo más. Nombrado embajador itinerante, consiguió una inversión multimillonaria para establecer una fábrica de jugos cítricos de primer mundo, en el Paraguay. Ofreció la garantía del Paraguay y consiguió unos sesenta millones de dólares, que, hay que decir la verdad, no dilapidó Estableció la fábrica y cuando estaba por inaugurarla, el dictador cayó, y con el dictador cayó Gramont Berres. La inversión no solamente quedó paralizada, sino que Gramont Berres fue a parar a la cárcel, como si hubiera sido el único culpable de los desmanes de la dictadura.

La fábrica de la “Rossi” como se la denominaba, fue saqueada hasta el último ladrillo y el Paraguay se negó a honrar su garantía. Entonces los bancos que proveyeron los fondos, le formaron causa al gobierno paraguayo. Gramont Berres fue a prisión y lo condenaron a siete años de cárcel, y luego fue extraditado a Suiza, donde ganó su libertad. Pero esa historia me sirve para hacer notar algo que mucha gente olvida, sobre todo los que proveen de fondos al gobierno usurpador de Luis Angel Gonzalez Macchi.

El eje de la defensa paraguaya contra los bancos que demandaron la restitución de los fondos otorgados a Gramont Berres es que Gramont no tenía atribuciones para comprometer al país y que el Congreso no aprobó los préstamos. Es decir que se presentan evidencias de carácter constitucional para negarse a pagar.

Los que otorgan al gobierno paraguayo créditos hoy deben saber que la Constitución paraguaya establece en su artículo 138 in fine: “ los estados extranjeros, que por cualquier circunstancia se relacionen con tales usurpadores ( es decir los que gobiernen contra lo establecido por la Constitución) no podrán invocar ningún pacto, tratado ni acuerdo subscripto o autorizado por el gobierno usurpador, para exigirlo posteriormente como obligación o compromiso de la República del Paraguay”

El gobierno es usurpador por la violación grosera de los artículos 227 y 234 de la Constitución que establecen la forma de la sucesión presidencial y del artículo 223 que establece la composición del Senado. Legalmente ningún crédito tomado por el gobierno usurpador desde julio de 1999 tiene validez, y probablemente serán rechazados cuando cambie la situación irregular actual. Y nadie podrá quejarse de ella, puesto que el gobierno paraguayo actual, usurpador, está  recurriendo a la misma argumentación en el caso Gramont Berres.

    

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