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El
concepto de justicia universal realmente tuvo su origen en el
Tribunal de Nuremberg, que examinó y condenó a los llamados
“criminales de guerra”.
Los
diseñadores de políticas agresivas , aún cuando personalmente no
hayan sido responsables de ningún otro delito, fueron sentados en
el banquillo de los acusados y condenados. Uno de ellos, Albert
Speer, una persona medianamente decente, que no participó en ningún
crimen de guerra, fue condenado a veinte años de prisión por haber
mantenido la producción de su país, Alemania, funcionando
eficientemente para la guerra. Lo hicieron responsable de las
muertes que producían las balas, las bombas, los torpedos, y las V1
y V2 durante la Segunda Guerra Mundial.
El
Gral. Tojo, japonés, probablemente no mató a nadie personalmente,
pero fue condenado a muerte y ejecutado por haber sido el máximo
jefe militar japonés durante la misma conflagración.
Es
obvio que el mundo entero consideró que esas personas eran
responsables por las consecuencias derivadas de sus actos. Este es
el principio que se sentó entonces y estableció que las políticas
que tienen consecuencias criminales deben ser consideradas como
delito punible para las personas que las llevan a cabo. Y ese
criterio sobrepasa la territorialidad de la ley porque las
consecuencias de una política no se notan casi nunca en el propio
territorio sino en territorios ajenos.
Los
estadounidenses consideran un delito –y lo persiguen – el tráfico
de drogas hacia territorio estadounidense, y consideran responsable,
no solo a la mula que transporta la droga sino a quienes , en su
propio país, permiten tal tráfico, por las consecuencias que
produce en los Estados Unidos. El caso del Gral. Manuel Noriega es típico.
Hoy purga en una cárcel estadounidense su política de permisividad
hacia el tráfico de drogas con destino a Estados Unidos.
Para
que la justicia sea en realidad justicia y no venganza, tiene que
tener un carácter general, sin excepción alguna. Si la política
alemana o japonesa o rusa puede ser juzgada por sus consecuencias y
si los políticos que las diseñaron pueden ser sancionados por
ellas, entonces todos los políticos, en todo el mundo, tienen que
estar expuestos a tal condena por los mismos hechos.
El
Sr. William Jefferson Clinton, a días de ser ex presidente de los
Estados Unidos, trazó políticas que destruyeron la democracia en
el Paraguay, causaron muertes injustas, persecuciones de políticos
y periodistas, cárcel y sufrimientos para gente inocente. No es la
magnitud de las consecuencias lo que se juzga sino la consecuencia
en sí. Por consiguiente, Clinton debe ser juzgado por las políticas
llevadas adelante por su gobierno en el Paraguay, y en mi opinión,
condenado como Speer, o Tojo.
Los
Estados Unidos son un gran país y su democracia interna es
maravillosa, pero no son los dueños del mundo ni pueden impunemente
arrollar una nación pequeña para imponerles, no la libertad o la
democracia sino la sumisión a un gobierno espureo, usurpador y
autoritario. Clinton ha establecidos políticas para el Paraguay y
la América Latina que deben ser juzgadas por sus consecuencias
terribles.
Si
los Estados Unidos quieren tener verdadero liderazgo moral en el
mundo, deben hacerlo, y hacerlo ahora.
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