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Se
habla y se pide que exista una justicia universal para examinar los
crímenes contra los derechos humanos –derechos del hombre y el
ciudadano – y, en su caso, sancionarlos. Se trata de una justicia
que tendría jurisdicción y competencia planetarias, de la cual no
podría escapar ningún violador de los derechos humanos, aún
cuando haya cometido sus desmanes en Groenlandia, Tanzania o
Paraguay.
O
Estados Unidos de América. Si la justicia ha de ser tal, no tiene
que haber países excepcionales ni territorios de santuario.
La
justicia universal comenzó a tener andamiento practico con las
acciones del juez Baltasar Garzón contra el Gral. chileno Augusto
Pinochet, el cual sufrió prisión en Inglaterra por la acusación
de haber cometido crímenes, como gobernante, en su propio país.
Alfredo
Stroessner, ex dictador paraguayo está siendo procesado, aunque
todavía débilmente, en tribunales del Brasil. La justicia italiana
juzga a argentinos por crímenes ocurridos en Argentina. Pero nadie
procesa a funcionarios estadounidenses por las políticas
intervensionistas del gobierno de los Estados Unidos en países
independientes, cuyas consecuencias han sido, directamente, la
violación grosera y sistemática de los derechos humanos.
El
Sr. Peter Romero, pronto ex Subsecretario de Estado para Asuntos
Latinoamericanos del gobierno de los Estados Unidos de América llevó
adelante políticas que condujeron a la desaparición de la
democracia paraguaya en marzo de 1999, a la persecución de políticos
afectos a una parcialidad política – entre ellos diputados y
senadores – al asesinato – caso Coco Villar – y las torturas-
caso senador González Quintana y militares procesados por la farsa
del 18 de mayo del 2.000.
Está
claro que Peter Romero es responsable de lo sucedido en Paraguay por
su directa intervención, desde el momento en que trató de frenar
la elección de un candidato a presidente – “este hombre no
tiene credenciales democráticas” – pasando por las
intervenciones de su embajadora Maura Harty, la conspiración que
creó un misterio acerca de la muerte del Dr. Luis María Argaña y
de los crímenes de la Plaza del Congreso.
Es
responsable además por las persecuciones desatadas inmediatamente
después de la renuncia forzada del cobarde Ing. Raúl Cubas Grau,
presidente constitucional de la República; por las torturas
infligidas a los presos políticos; por la muerte alevosa de Coco
Villar asesinado en su propia casa acusado de un crimen que no
cometió; por las violaciones groseras a la Constitución paraguaya
llevadas adelante con el visto bueno y el apoyo de Stephen Mc
Farland y por la usurpación de la presidencia de la República por
Luis Ángel González Macchi.
Estos
crímenes contra la democracia y los derechos humanos colectivos e
individuales no pueden quedar impunes solamente porque el Sr Peter
Romero es funcionario estadounidense. Si los Estados Unidos dicen
ser la potencia que defiende la democracia, la libertad y los
derechos humanos, tienen que admitir que sus funcionarios culpables
de atentar contra estos principios sean juzgados por tribunales
internacionales, como cualquier dictador latinoamericano.
Si la justicia ha de ser universal, tiene que incluir a los
gobernantes del todo el mundo que cometan crímenes contra los
derechos humanos. Incluido a los Estados Unidos de América, país
al cual nadie le dio el derecho de intervenir en naciones
independientes para forjar dictaduras.
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