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EL ESTADO OPRESOR

Alberto Vargas Peña (miembro de la Fundación Libertad)

El individuo, pese al avance de las ideas liberales, se encuentra inerme, como hace dos siglos, frente al poder creciente y aparentemente insaciable del estado. Toda la organización del estado tiende a hacer del individuo, supuesto titular de la soberanía, un simple "pagante de impuestos" , obligado a sufragar los gastos crecientes de una maquinaria que no tiene límites. La sensación de opresión que hoy causa el estado, en todas partes, es insoportable.

El crecimiento del estado es el crecimiento de la burocracia. La democracia tiene el inconveniente, ya señalado por Tocqueville, de requerir clientela. El candidato se ve obligado a seducir a los votantes, y, en su defecto, a comprarlos. La mecánica democrática impulsa a los candidatos a buscar el apoyo popular, y para ello - cuando carece de moral – que es la mayoría de las veces – utiliza cualquier medio a su alcance.

La clientela política ya no vive del peculio personal del candidato a ejercer el poder, sino de la utilización del dinero público por el candidato triunfante. Y esto requiere un sistema de control económico que permita al administrador disponer de los bienes de sus administrados a su completo antojo.

Tocqueville , en su análisis de la democracia estadounidense ya decía que la democracia indefectiblemente tendía " a la izquierda", porque para poder disponer del dinero público, vital para pagar las facturas electorales, era preciso organizar un sistema que permitiera, desde el estado, afrontar esas deudas. Ese sistema es el socialismo.

La democracia tiene en sí misma el remedio para la enfermedad. Es el estado constitucional, que pone límites muy estrictos al crecimiento estatal y a las facultades del gobernante. La razón por la cual el estado no debe extenderse es, básicamente, porque si se extiende servirá para entronizar permanencias nocivas y la dilapidación del dinero público en pago de facturas electorales.

Una democracia que no sea liberal, esto es con limitaciones muy estrictas del poder, no seguirá siendo democracia por mucho tiempo. El estado tiende a oprimir, por consiguiente hay que impedir que crezca. Una Constitución que permita al estado crecer por la vía de la aprobación legislativa – por ejemplo que permita un Congreso con iniciativa en materia de gastos – terminará destruyendo la libertad y la economía.

Al Paraguay le ocurre eso, y le ocurrió muy rápido porque la paraguaya es una sociedad absolutamente amoral. La Constitución de 1992 estableció un sistema que le permite al estado crecer, y lo ha hecho enseguida, casi en forma automática. Sin hombres virtuosos toda democracia se corrompe a la larga; con amorales se corrompe de inmediato.

El problema paraguayo básicamente es constitucional, porque en una sociedad amoral los controles que impidan el crecimiento del estado deben ser rígidos y severos. Cualquiera sea el cambio de personas, si no se cambia la Constitución, el problema actual se repetirá indefectiblemente y mucho antes que después. Y no hay que hacer cualquier cambio, copiando Constituciones como si legislar fuera una simple cuestión de comparaciones. Hay que hacer los cambios en función de la necesidad de convertir en democrática una sociedad amoral, lo cual ya indica el camino a seguir.