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¿De qué somos dueños los paraguayos?

Alberto Vargas Peña (F. Libertad) 

09 de abril de 2001

La Constitución establece que la soberanía en el Paraguay reside "en el pueblo". En cualquier lugar del mundo eso se entiende como que cada ciudadano forma parte de la soberanía, y que el gobierno no es más que una delegación de ciertos poderes limitados, que deben ser ejercidos de acuerdo con la ley y exclusivamente para el beneficio general. Los intereses generales priman sobre los particulares solamente en el caso específico del gobierno, que como es una administración delegada, debe conformar a todos y no a sectores o personas.

         La libertad es pues la norma y la limitación de la libertad la excepción, y la democracia la forma de elegir al gobierno delegado y la forma de resolver los conflictos. Dentro de este esquema y para que funcione, es preciso contar con un poder absolutamente confiable que otorgue la razón al que la tiene, en todo caso de conflicto, ya sea entre particulares, entre grupos o entre particulares y el gobierno delegado.

          También dentro de este esquema el individuo es dueño absoluto de su propio destino, salvo en la parte que voluntariamente delega para su beneficio y el beneficio general. El "estado", entonces, es una entelequia, una ficción que no tiene ni puede tener más derechos que aquellos que los soberanos le otorgan, y éste otorgamiento no es ilimitado sino, por el contrario, se basa en la limitación de lo que llamamos "el poder". La autoridad es delegada y limitada.

         Eso, dentro del sistema conocido como "democracia representativa" real. En el Paraguay no existe nada parecido. El paraguayo no es dueño de nada, no puede confiar en que se le otorgue la razón en caso de litigios y sabe perfectamente que se encuentra apenas en libertad condicional. No puede elegir gobierno; no puede limitar el gasto; no tiene representantes legítimos y, por supuesto, no puede esperar justicia en sus litigios con "el poder".

         En el Paraguay la autoridad es "suprema" y pese a la fórmula constitucional la soberanía se ejerce desde el gobierno, que es omnipotente. La vida, la propiedad y la libertad de los ciudadanos está a merced de la autoridad, sin duda alguna. Los paraguayos, como en la peor de las etapas de sus viejas dictaduras, no son dueños de su destino.

         En el plano económico es el gobierno el que toma las decisiones que afectan a los paraguayos en forma decisiva. Bajo una apariencia de consulta con la "representación popular" - que realmente no es representación de ninguna clase - el gobierno puede hacer , y hace, todo lo que se le venga en gana, desde hacer robar un automóvil en el Brasil para uso del presidente que usurpa la presidencia, hasta hacer desaparecer millones de dólares del Banco Central. Frente a estas acciones del gobierno, el paraguayo se encuentra absolutamente impotente.

         La solución no es un cambio de personas dentro del mismo sistema, sino la destrucción total del sistema, para establecer uno realmente libre y democrático, donde el gobierno sea sirviente y no amo.

 

 

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