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El
ministro de la Corte Suprema de Justicia Dr. Bonifacio Ríos Avalos
se lamenta de que
la Justicia sea considerada por los paraguayos como el organismo
estatal más corrupto después de las Aduanas. Dice que la encuesta
(del Banco Mundial que lo señala) es injusta, y que solamente hay
un pequeño índice de corrupción teniendo en cuenta la cantidad de
jueces existentes y luego, con una argumentación infantil, indigna
de alguien que alcanzó tan alto cargo, concluye que “la Justicia
es de todos”.
Todo
esto se debe a que los paraguayos en una encuesta recientemente
publicada; los extranjeros en diversas ocasiones citadas por mí,
por el diario La Nación y por toda la prensa; la propia Iglesia Católica
que de corrupción sabe mucho y hasta Stephen Mc Farland, que al
partir arrojó la flecha de los partos, ha determinado que la
Justicia paraguaya es, probablemente, la peor y más deshonesta del
mundo.
Ahora
mismo se tiene una prueba de la corrupción de la Justicia. Un
juez acaba de declarar inocentes a personas que están
encarceladas desde hace año y medio, y ya eran inocentes cuando
fueron detenidas. Lo ha hecho por razones político-electorales,
porque el gobierno usurpador e ilegítimo necesita de los votos de
los sectores que responden a estos encarcelados. Como debería saber
el Dr. Ríos Avalos, la corrupción no solamente se mide en términos
de dinero, sino también de prevaricatos impulsados por la necesidad
política. Un juez corrupto no es solamente aquel que se vende por
dinero, sino el que obedece órdenes para contrariar la ley.
La
corrupción de la Justicia paraguaya, conocida en todo el mundo y
criticada por todo el mundo, tiene un alto precio para el país.
Desde que esta Suprema Corte ha sido instalada, gracias al Pacto de
Gobernabilidad firmado por el Ing. Wasmosy y el Dr. Domingo Laíno,
las inversiones en el Paraguay han cesado de acudir. Se pueden
revisar las cifras del MERCOSUR para ver cuanto dinero de afuera
vino al Paraguay y si se buscan las causas se encontrará que
siempre, los consultados, han dicho que la inversión no es posible
por la “inseguridad jurídica”. No creo que sea necesario que yo
exponga otra vez las cifras; las he dado más de una vez.
La
Justicia paraguaya es dócil cómplice del gobierno usurpador e ilegítimo.
Lo ha confirmado – ilegalmente – y lo ha acompañado en su política
de persecuciones políticas y torturas. Ha utilizado su estructura
para disfrazar la arbitrariedad, violando a su antojo y con
impunidad total la Constitución de la República, sus Códigos y
sus leyes, y aún los Tratados Internacionales que garantizan la
vigencia de los Derechos Humanos. Eso es corrupción de la peor
especie.
Pero
el caso no se detiene allí. Todo el mundo que haya pasado por un
tribunal paraguayo puede atestiguar que los jueces venden las
sentencias al mejor postor, y cuando no pueden hacerlo y
deben dictar sentencia a favor del inocente, se inhiben. Y eso ¿no
es acaso corrupción?
He
hecho una encuesta personal, para mi manejo, entre gente de
significación en el país. El 100% opina que para salir del pozo,
hay que comenzar por reformar la Justicia. En la opinión de los
paraguayos, el cáncer se origina allí.
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