El gobierno resolvió elevar las tarifas de agua y luz, aumentar
algunos impuestos y endeudarse más (a través de una emisión de bonos)
con el fin de tratar de hacer frente al creciente déficit fiscal.
El déficit debe ser solucionado, indudablemente, pero es
necesario insistir en las dos objeciones que se han realizado sobre el
camino adoptado: no muestra propósito de enmienda del responsable, que
es el propio gobierno e impone las cargas sobre los hombros de los
inocentes, los que contribuyen a sostener al sector público.
El crecimiento del déficit fiscal en lo que va de gestión del
actual gobierno tiene una causa principal, que es el uso del Estado como
instrumento de acción política.
No solamente se han realizado contrataciones de personal
innecesarias en base a consideraciones de lealtad partidaria e incluso
de peor clase, sino que se han ordenado gastos en beneficio de grupos
económicos afines.
Las medidas adoptadas para intentar reducir el desequilibrio de
las cuentas fiscales muestran que el gobierno no tiene intención o
voluntad para asumir sus propios errores e intentar corregirlos.
Si el gobierno estuviera seriamente comprometido con controlar la
situación, debió iniciar sus acciones despidiendo a quienes han
recibido cargos de favor y cortando las erogaciones destinadas a sus
amigos.
Pero prefirió descargar el peso de la crisis sobre quienes la
sufren ya más que nadie, los que contribuyen a sostener al sector público.
Toda persona medianamente informada sabe que en el Paraguay el
sector público vive de las contribuciones de un número limitado de
personas, pues las demás o son privilegiadas o no son consumidoras.
Ese número limitado de contribuyentes
soportaba ya una carga mucho mayor a la que indican las estadísticas,
pues estas no son lo suficientemente precisas para indicar la situación
real.
Ahora, ve agravada su situación, sin considerar el hecho cierto
y grave de que el guaraní seguirá su progresivo curso hacia el
derrumbe.
Paradójicamente, es entre estos contribuyentes que se encuentra
la principal base de sustento social del gobierno iniciado en marzo de
1999, por lo que resulta difícil de explicar, o de entender, el curso
de acción oficial.
En cualquier caso, la elevación de las tarifas y los impuestos y
la emisión de bonos muestran que el gobierno está llegando al punto en
que se ve obligado a tomar el tipo de medidas que conducen, finalmente,
a definiciones políticas que no necesariamente podrá controlar.
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