Las
autoridades de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) han denunciado
que de no aprobarse el fondo de rescate industrial unas quinientas
industrias sufrirán el remate de sus instalaciones por parte del
sistema financiero, con el que se encuentran en situación de mora.
La excusa más importante que se ha presentado para retrasar
la aprobación del proyecto es la de que los fondos logrados con los
bonos se usarán en realidad para salvar de la quiebra al Banco
Nacional de Fomento, sobre el que planean varios escándalos mayúsculos
de favoritismo político.
También se cuestiona la estatización - que el fondo implica
- de deudas privadas que pudieron haber sido contraidas debido a
malos manejos empresariales que no tendrían por qué ser absorbidos
por la sociedad.
El Banco Nacional de Fomento se ha utilizado históricamente
para beneficiar a los amigos del gobierno de turno y por ello muchos
empresarios que recibieron legítimamente atención de la entidad se
están viendo envueltos en problemas que no merecen.
Es correcto, por tanto, poner el mayor cuidado posible para
establecer las
salvaguardias que fueran necesarias para evitar las manipulaciones
aunque, como generalmente sucede en este Paraguay de marzo, se
pretende que el procedimiento para evitar manipulaciones se reduzca
a frustrar el fondo de salvataje.
Liquidar el fondo de salvataje industrial porque legisladores
que ganan muchísimo dinero para pensar se descubran incapaces de
establecer mecanismos adecuados para impedir que los recursos
destinados al aparato productivo se usen para la corrupción es
sencillamente la prueba final que pudieran necesitar los empresarios
que financian las campañas electorales acerca de la torpeza
insalvable de la pomposamente autodenominada "clase política"
paraguaya para dejar, de una buena vez de aportarle dinero.
Lo mismo puede decirse de la estatización de las deudas
industriales: los legisladores que dilapidaron setecientos millones
de dólares en auxiliar a algunos banqueros, simplemente deberían
ahora mostrar el empeño, el cuidado y la inteligencia que caben
esperar con los sueldos que ganan, mayores, por cierto, que los que
pusieron entonces en asegurar las garantías necesarias para que ese
dinero que se destinará a la industria no termine cargado sobre las
espaldas del contribuyente.
Pero no deberían esgrimir contra la industria los argumentos
que se guardaron muy bien de usar antes para beneficio del sector
financiero, pues no se les nota altura moral para hacerlo.
Nadie debería descartar en nuestro país que el fondo de
salvataje industrial termine convertido en una fuente de corrupción
(otra más), pero cuando los políticos imputados de apoderarse del
26% de los sobornos (La Nación
29-XI-00) que se pagan en el país buscan torpedear un
proyecto que bien estudiado puede beneficiar a la sociedad entera,
cabe pensar que lo único que buscan es recibir una buena coima.
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