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Falta de orientación

Enrique Vargas Peña

30 de agosto de 2000

          

       Una de las razones por las que el país no encuentra camino para salir de la situación de empantanamiento en la que está es la confusión que existe, entre los legisladores y demás dirigentes partidarios o sociales, acerca de las leyes económicas, incluido el presupuesto, y la orientación política.

        Las leyes pueden ser técnicamente buenas y, sin embargo, no contribuir en nada al desarrollo del país, debido a que no se realizan en el marco de una orientación política clara. Ellas son, más bien, resultado de la influencia mayor o menor que tienen, aisladamente, las diversas corporaciones en el proceso legislativo.

        Por ejemplo, se sigue imputando la crisis al ocaso del modelo triangulador, como si ese ocaso no hubiera sido previsto como se prevé cualquier atardecer y se sigue lamentando una anemia productiva como si ella fuera consecuencia de alguna suerte de destino manifiesto del Paraguay y no de la gestión de la cosa pública.

        Todos reconocen ahora que los síntomas hacen inocultable el mal uso de los recursos públicos y formulan discursos acerca de la necesidad de reformar el Estado para solventar las carencias cada vez más lacerantes que se abaten sobre la población paraguaya.

        El plan Zayas, para tomar un elemento cualquiera entre los muchos que el gobierno quiere que se vean como parte de una acción general, no contribuye a modificar una orientación política y, en realidad, todos los analistas están coincidiendo en que se trata solamente de un "impuestazo", de un paquete meramente destinado a paliar el déficit fiscal.

         Algo semejante puede decirse de los intentos de reforma del Estado, elaborados en una negociación corporativa en la que el beneficio de los contribuyentes y usuarios ni siquiera figura en la agenda.

         Una nueva orientación política exige mucho más que lo que hasta ahora ha realizado el gobierno, mucho más, incluso, que el programa pactado a mediados de 1999. Exige definir un objetivo de uso del Estado que, en este momento y a falta de especificaciones oficiales, no parece buscar otra cosa que reeditar el modelo existente antes de 1989.

         El esfuerzo público en este campo se orienta más a encontrar soluciones relativamente favorables para ese modelo que a ensayar nuevas chances que saquen al país del atolladero.

         Esa es la razón que explica por qué nada de lo que se haga, al menos en el corto plazo, producirá mejoras en la suerte de las personas de a pié, que seguirán arrastrando una vida cada vez más difícil en un país cada vez más hostil. 

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