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Política excluyente

Enrique Vargas Peña

29 de noviembre de 2000

  

Cuando los voceros de una fuerza política determinada pronuncian un  discurso determinado, es conveniente para todos tomar nota del mismo,  aunque  no sea más que para coleccionar contradicciones.

        Así, se ha hecho evidente que el discurso en favor de mantener un  sistema político excluyente en Paraguay, en detrimento de los seguidores del general Lino Oviedo se está agudizando y recibiendo nuevos impulsos.

        La exclusión es un mecanismo sencillamente incompatible con la democracia. La exclusión nada tiene que ver con la justicia, que siempre se aplica en forma personal y que no afecta más que a los directamente involucrados en los hechos que ella estudia.

        La exclusión es un mecanismo político que cercena el pluralismo, la  libertad de expresión. La exclusión es ya, para todos los efectos prácticos, una forma de dictadura.

        Después de más de un año de gobierno excluyente y cuando este modelo parecía agotado, considerando los resultados realmente lamentables que produjo, no solamente en el campo político (violaciones de la Constitución, las leyes y los derechos humanos) sino también en el campo económico, reaparece ahora con fuerza el discurso que dio origen a la presente situación.

        Caben muchas explicaciones para este fenómeno: la necesidad de mantener un mínimo de cohesión en el gobierno, la de impedir el crecimiento de fuerzas políticas no controladas, la dinámica misma del sistema de gobierno o, tal vez, una combinación de todas estas cosas.

        La exclusión, cualquiera que sea la causa que la jutifique, tiene consecuencias económicas a mediano plazo para la sociedad afectada por ella,  en proporción directa a la interferencia que ella requiere en los operadores económicos para ser realmente efectiva, actuando sobre la competitividad, la productividad y la creatividad.

        Al afectar, necesariamente también, a la administración judicial, la política de exclusión destruye la seguridad jurídica y con ella las bases de la inversión productiva y de largo plazo.

        No es casual que los países que no han logrado establecer sistemas institucionales inclusivos, sean siempre los menos propensos al desarrollo.

        Los sectores del gobierno que propugnan agudizar la exclusión, los Argaña y los liderados por el ex presidente Juan Carlos Wasmosy, incurren en una grave responsabilidad histórica por la que, están seguros, no serán llamados a responder.

 

   

    

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