editorial del diario La Nación del
día 02 de marzo de 2000*
Bandeirantes
Se ha señalado antes que el reconocimiento
que algunas potencias extranjeras otorgan al gobierno ilegítimo del senador Luis
González Macchi se debe a que con ello, con el reconocimiento prestado, preservan o
aumentan la influencia que ejercen sobre ese gobierno.
Al encontrarse el pueblo paraguayo desplazado del lugar que le
corresponde como fuente de legitimidad de los gobernantes y al ocupar ese lugar algunas
potencias extranjeras o algunas corporaciones locales, los gobernantes tienden,
efectivamente, a satisfacer las necesidades de sus legitimadores.
Esa, precisamente esa, es la razón por la que las democracias hacen
que sea la voluntad popular la fuente insustituible del poder y esa, justamente esa, es la
razón por la que aquí, quienes idearon y produjeron el golpe de Estado del 28 de marzo
de 1999 abolieron el imperio de la voluntad popular ordenado por la Constitución y lo
reemplazaron por la opinión de nueve personas contenida en el acuerdo 191 de abril de
1999, de la Corte Suprema de Justicia.
Una Corte Suprema que, hay que recordarlo, es fruto de un pacto
político entre el entonces jefe del Partido Liberal Radical Auténtico, Domingo Laíno, y
quien en ese momento era presidente de la República, Juan Carlos Wasmosy.
Los integrantes de esa Corte, políticamente endeudados, sustituyeron
al pueblo paraguayo en la tarea de elegir al presidente del país.
El senador González Macchi debe su poder, pues, a esa opinión y a la
fuerza con que la sustentaron la corporación empresarial paraguaya, la Iglesia Católica,
Estados Unidos y la República Federativa del Brasil.
Brasil está dejando ver ya el precio inmenso que sobre la
independencia nacional ha impuesto al gobierno de González Macchi y este, carente de
otros apoyos, está mostrando también el precio inmenso que está dispuesto a pagar a las
potencias extranjeras para permanecer en el poder sin el consentimiento de los paraguayos.
El acuerdo que fue impuesto por Brasil a los ministros paraguayos
convocados a Brasilia, que el aparato propagandístico del gobierno pretende presentar
como "trato privilegiado en el seno de Mercosur", no es más que una verdadera
hipoteca que dichos ministros han ido a realizar sobre la independencia nacional, concepto
que desean ver relativizado, minimizado, olvidado, pero por el que cientos de miles de
paraguayos dieron la vida.
Es un acuerdo que otorga dinero a cambio de imponer una ligazón
estructural sobre la economía paraguaya con respecto a la economía brasileña, cerrando
al Paraguay toda posibilidad de abrir o abrirse a otros mercados y situando al país en el
mismo nivel de soberanía que tiene Mato Grosso do Sul o Rondonia.
Esa hipoteca, que seguramente permitirá a González Macchi prolongar
su estancia en el palacio de Francisco Solano López, el hombre que, con inteligencia o
sin ella, murió para que allí se siente el representante de un país libre, esa hipoteca
es el rostro verdadero de un grupo de personas que detenta el poder sin consideración
alguna por los límites morales o por lo que significa, en términos históricos, una
patria independiente.
Para quienes lo han olvidado, los pueblos no luchan por su
independencia por alguna romántica consideración infundada, sino para alternar en
igualdad de condiciones con todos los pueblos de la Tierra, obteniendo el máximo
provecho. Y no la hipotecan, como hace González Macchi, para beneficiar a los
comerciantes de San Pablo o al espíritu bandeirante del que se enorgullece Itamaraty.