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editorial del diario La Nación del día 02 de marzo de 2000*

Bandeirantes

Se ha señalado antes que el reconocimiento que algunas potencias extranjeras otorgan al gobierno ilegítimo del senador Luis González Macchi se debe a que con ello, con el reconocimiento prestado, preservan o aumentan la influencia que ejercen sobre ese gobierno.

Al encontrarse el pueblo paraguayo desplazado del lugar que le corresponde como fuente de legitimidad de los gobernantes y al ocupar ese lugar algunas potencias extranjeras o algunas corporaciones locales, los gobernantes tienden, efectivamente, a satisfacer las necesidades de sus legitimadores.

Esa, precisamente esa, es la razón por la que las democracias hacen que sea la voluntad popular la fuente insustituible del poder y esa, justamente esa, es la razón por la que aquí, quienes idearon y produjeron el golpe de Estado del 28 de marzo de 1999 abolieron el imperio de la voluntad popular ordenado por la Constitución y lo reemplazaron por la opinión de nueve personas contenida en el acuerdo 191 de abril de 1999, de la Corte Suprema de Justicia.

Una Corte Suprema que, hay que recordarlo, es fruto de un pacto político entre el entonces jefe del Partido Liberal Radical Auténtico, Domingo Laíno, y quien en ese momento era presidente de la República, Juan Carlos Wasmosy.

Los integrantes de esa Corte, políticamente endeudados, sustituyeron al pueblo paraguayo en la tarea de elegir al presidente del país.

El senador González Macchi debe su poder, pues, a esa opinión y a la fuerza con que la sustentaron la corporación empresarial paraguaya, la Iglesia Católica, Estados Unidos y la República Federativa del Brasil.

Brasil está dejando ver ya el precio inmenso que sobre la independencia nacional ha impuesto al gobierno de González Macchi y este, carente de otros apoyos, está mostrando también el precio inmenso que está dispuesto a pagar a las potencias extranjeras para permanecer en el poder sin el consentimiento de los paraguayos.

El acuerdo que fue impuesto por Brasil a los ministros paraguayos convocados a Brasilia, que el aparato propagandístico del gobierno pretende presentar como "trato privilegiado en el seno de Mercosur", no es más que una verdadera hipoteca que dichos ministros han ido a realizar sobre la independencia nacional, concepto que desean ver relativizado, minimizado, olvidado, pero por el que cientos de miles de paraguayos dieron la vida.

Es un acuerdo que otorga dinero a cambio de imponer una ligazón estructural sobre la economía paraguaya con respecto a la economía brasileña, cerrando al Paraguay toda posibilidad de abrir o abrirse a otros mercados y situando al país en el mismo nivel de soberanía que tiene Mato Grosso do Sul o Rondonia.

Esa hipoteca, que seguramente permitirá a González Macchi prolongar su estancia en el palacio de Francisco Solano López, el hombre que, con inteligencia o sin ella, murió para que allí se siente el representante de un país libre, esa hipoteca es el rostro verdadero de un grupo de personas que detenta el poder sin consideración alguna por los límites morales o por lo que significa, en términos históricos, una patria independiente.

Para quienes lo han olvidado, los pueblos no luchan por su independencia por alguna romántica consideración infundada, sino para alternar en igualdad de condiciones con todos los pueblos de la Tierra, obteniendo el máximo provecho. Y no la hipotecan, como hace González Macchi, para beneficiar a los comerciantes de San Pablo o al espíritu bandeirante del que se enorgullece Itamaraty.

 

*EVP