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Tarifazos decretados

Enrique Vargas Peña 

29 de enero de 2001

Finalmente fueron impuestos los aumentos en las tarifas de los servicios de agua, electricidad y en el precio del gasoil, que deben agregarse a los aumentos del impuesto inmobiliario y a la tarifa telefónica, decretada con anterioridad. La municipalidad de Asunción, para confirmar que es igual o peor que el gobierno, aumentó también las tasas especiales (barrido, limpieza y bacheado!!).

Los aumentos son el resultado lógico de la idea ampliamente compartida por los políticos que consolidaron su poder en marzo de 1999 según la que el bolsillo de la gente puede pagar indefinidamente los abusos gubernamentales.

Y son consecuencia también, por supuesto, de la explosión de gastos públicos habida desde aquel mes, debido a que los grupos en el poder hacen favores con el dinero público, descargando luego en el pueblo lo que sus amistades cuestan.

Recuérdese el caso del ministro Euclides Acevedo, regalando un cargo innecesario a su amigo Cástulo Franco, “total, paga el pueblo”.

Cástulo Franco, padre del vicepresidente de la República, tuvo la desgracia de ser pillado. Pero el suyo es solamente uno de los miles de casos de favores hechos por los que mandan con dinero de la gente, que explican el enorme déficit fiscal, la no menor ineficiencia estatal, el desastre, en síntesis, en que nos encontramos a pesar del cacareado crecimiento del 1.8% del Producto Interno Bruto, que en realidad muestra el enriquecimiento de los privilegiados.

Los aumentos decretados pagan regalos como ese que hizo Euclides Acevedo y no pueden disimularse ya con las palabras rebuscadamente técnicas con que el ministro Juan Ernesto Villamayor trata siempre de esconder la exacción: el gobierno de Luis Ángel González Macchi está obligando al pueblo a pagar sus derroches.

Los grupos en el poder son hábiles y han logrado desarticular toda resistencia a los abusos que sufre la ciudadanía. Es un hecho evidente e incontrastable que la conducta de los administradores del dinero de los contribuyentes no encuentra respuesta proporcional en la población, resignada a su desgracia.

El Estado, que había sido convertido, a partir de marzo del 99, en instrumento de represión, fue optimizado también como mecanismo de concentración de la riqueza. Y lo uno alimenta a lo otro.

Los que no quieren meterse en política, los que todavía creen que los que estuvieron complicados en el “marzo paraguayo” pueden cambiar, los que esperan mejorías sin hacer oposición al régimen, tienen ahora a la vista los resultados de su timidez: pagarán cada vez más por servicios cada vez peores (cortes de luz y baja tensión, agua oscura o sin presión, conversaciones telefónicas interrumpidas o ligadas, etc.).

Para ellos tenía el Dr. Luis María Argaña una frase extraordinaria: “vayan a llorarle a su abuela”.

  

    

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