Enrique Vargas Peña

Ha sido publicado, el martes 26, el informe anual de Transparencia Internacional que ubica al Paraguay entre los nueve países más corruptos del mundo, entre noventa y nueve países estudiados.

Es también, según la misma organización, el segundo país que más pago de sobornos exige en América.

El pasado año, encuestados ochenta y cinco países, Paraguay obtuvo el puesto de segundo país más corrupto del mundo.

Ninguna de ambas posiciones es halagadora. Y si se considera que los dirigentes del capítulo paraguayo de Transparencia Internacional, José Berges y Manuel Ferreira, tienen sólidas vinculaciones con miembros de la oligarquía que ejerce el gobierno en el Paraguay, es decir que tienen interés en presentar los mejores resultados posibles del país, se observa que la situación es sencillamente patética.

La corrupción en el Paraguay no es un accidente.

Es consecuencia, en primer lugar, del modo en que fue estructurado el Poder Judicial a partir de la sanción de la Constitución de 1992.

Puesta en vigencia la Constitución, los partidos políticos mayoritarios, Colorado y Liberal, no lograban ponerse de acuerdo sobre la integración del nuevo Poder Judicial y con ese empantanamiento se llegó a la elección y de Juan Carlos Wasmosy como presidente de la República.

La elección fue difícil, porque su legitimidad fue duramente cuestionada por fraude tanto en la primaria del partido Colorado (27 de diciembre de 1992) como en la general nacional (9 de mayo de 1993).

La elección del 9 de mayo de 1993 debía ser reconocida por el Congreso y Wasmosy obtuvo su credencial de presidente de la República mediante un pacto logrado con el jefe liberal Domingo Laíno, que se perfeccionó después en el llamado Pacto de Gobernabilidad, que incluyó luego el reparto de los cargos judiciales entre Wasmosy y Laíno: Wasmosy obtuvo la presidencia y Laíno una importante presencia en el poder.

Se repartieron el organismo que debía nombrar a jueces y fiscales, el Consejo de la Magistratura; se repartieron el organismo que debía juzgar a jueces, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y se repartieron el organismo que debía proponer nombres de jueces y presidir a todo el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia.

Lo que surgió fue una administración de tribunales totalmente sometida a las necesidades políticas de los líderes que le dieron vida, sorda a las ansias de justicia, ciega ante los malos manejos que otros clientes de esos mismos líderes hacen en el estado, en los Departamentos, en los Municipios, muda ante los abusos del poder.

Ni un solo índice de los que avergonzaban al Poder Judicial previo a este reparto fue reducido por el nuevo. Los índices de presos sin condena o de lenidad judicial, por citar los más escandalosos, han aumentado en lugar de disminuir, tras ese reparto.

Los procesos seguidos contra el ex candidato presidencial Lino Oviedo son otras tantas cumbres de la perversión de la Justicia.