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Vía rápida

Enrique Vargas Peña

27 de octubre de 2000

  

       Al tiempo que se daba aprobación en la Cámara de Diputados al proyecto de ley de rescate industrial, se aprobaba también la concesión de poderes  especiales al presidente Luis Ángel González Macchi para privatizar por  decreto tres empresas estatales: la proveedora de agua potable, la empresa de telecomunicaciones y el vetusto ferrocarril.

        A esto se denomina "vía rápida" para la privatización.

        Las objeciones a esta manera de enajenar el patrimonio público pueden hacerse en abstracto, sin considerar que ella se está por implementar en el Paraguay.

        No hay duda que las empresas del Estado son una carga y no un alivio para el contribuyente, como tampoco la hay acerca de que ellas frenan, y no aceleran, el desarrollo.

        Pero eso no implica que los bienes públicos deban tratarse sin cuidado.

        Aún cuando se piense, como mucha gente, que las empresas del Estado estarán mejor incluso regaladas que en la situación en que ahora se encuentran, es indudable que una voluntad mínima de buena administración indica la necesidad de que las cosas se hagan con transparencia, lo que se dificulta cuando se entrega todo un proceso a la discreción de una sola voluntad.

         Cuando esto sucede, se ponen en riesgo los elementos esenciales que debe tener un proceso de privatización para cumplir los objetivos que lo justifican, que es reducir la carga que debe soportar el contribuyente y mejorar los servicios que recibe: la desregulación del campo en que actúa cada entidad a ser enajenada (desmonopolización); la garantía adecuada de la liquidación del pasivo que eventualmente pueda existir y la fiscalización requerida para que los servicios a ser prestados por la empresa enajenada sean mejores que los proveídos antes de la venta.

         Si esos elementos no están considerados en el proceso de privatización, este no beneficiará al país. En el mejor de los casos, abre el campo para la realización de negocios a grupos determinados de inversores, pero en general se convierte en una fuente de abusos sobre la ciudadanía a la que se cargan los costes de nuevos privilegios que no mejoran su condición.

          Los antecedentes del gobierno de González Macchi no permiten abrigar demasiadas esperanzas acerca de lo que se hará con este proceso de privatización por la “vía rápida”, lo cual es una pena, porque serán sacrificadas las grandes conquistas que se han logrado en la tarea de convencer a la opinión pública paraguaya acerca de la necesidad de reformar el Estado, en el altar de los negociados de unos pocos. 

 

   

 

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