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Informe sobre derechos humanos

Enrique Vargas Peña 

27 de febrero de 2001

Sobre el informe que el Departamento de Estado de Estados Unidos produce cada año acerca de los derechos humanos en los países con los que los norteamericanos mantienen relaciones (195), que sirve al Congreso de Washington para votar o no las partidas presupuestarias destinadas a la  ayuda internacional o a la habilitación de créditos en los organismos multilaterales, hay que decir que es un instrumento político de la Casa Blanca.

El gobierno de Bill Clinton (1993-2001) hirió de muerte el prestigio de ese informe, al ponerlo al servicio de los intereses de quienes le pasaban dinero para el partido Demócrata, como el filipino Mark Jiménez o el indultado Marc Rich, por mencionar solamente dos casos conocidos.

         Teniendo presentes esas consideraciones, el informe de 2001, el primero que avala la administración que preside George W. Bush contiene, con referencia al Paraguay, numerosos elementos que habían sido denunciados por la oposición paraguaya y que fueron minimizados u ocultados por los agentes de Clinton: la tortura, los asesinatos extrajudiciales, la corrupción rampante, la restricción de los derechos ciudadanos y las demás barbaridades que caracterizan al régimen autoritario surgido el 28 de marzo de 1999.

         El autoritarismo no dejó de serlo porque antes tuviera la bendición de Estados Unidos, como no dejaron de serlo las tiranías militares que Washington sostuvo en la región en la década del setenta. Estados Unidos, avergonzado de su propia conducta, es el que toma nota ahora de lo que estamos sufriendo desde hace dos años los paraguayos.

         Y con ese reconocimiento viene la vergüenza inmarcesible de todos aquellos inmorales que han avalado, por ideología, por dinero, por cálculo político o por cobardía, a un gobierno cuya existencia es una afrenta a cualquier conciencia medianamente decente.

         En primer lugar, la vergüenza de gente como el presidente brasileño, Fernando Henrique Cardoso, principal sostén internacional del régimen paraguayo. Cardoso había avalado ya, desde luego, a la corrupta dictadura de Alberto Fujimori en Perú, a pesar de los desesperados llamados que le hicieron los demócratas peruanos.

         En segundo lugar, la vergüenza de numerosos seudo demócratas paraguayos quienes comenzaron justificando las violaciones del debido proceso para deshacerse de un rival político para terminar callando ante horrores tan extremos como los asesinatos extrajudiciales.

         ¿Qué dirán ahora que los crímenes han sido denunciados por el gobierno norteamericano?

         El informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos no dice nada que los paraguayos de bien no supieran ya desde hace tiempo pero al menos ayudará a reducir el escandaloso nivel de cinismo con que se han venido conculcando los derechos del pueblo paraguayo.

         Lo demás, establecer en el país un gobierno decente, es tarea sólo podemos hacer los paraguayos.

 

    

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