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Impuestos y elecciones

Enrique Vargas Peña

26 de abril de 2000

 

Hace casi ocho siglos, un grupo de ingleses se reunió en los campos de Runnymade, para presentar al jefe del Estado, Juan “Sin Tierra”, un petitorio.

         Juan “Sin Tierra” había elevado permanentemente los impuestos para hacer frente a los gastos crecientes que su administración realizaba y planeaba elevarlos una vez más cuando le fue presentado el petitorio.

         Este se resumía en una frase sencilla y monumental: “no habrá contribución sin representación”.

         Tan sencilla que no requiere explicación. Nadie puede ser obligado a pagar gastos con los que no está de acuerdo; el consentimiento del que paga es esencial para incurrir en el gasto.

         Tan monumental que el petitorio se conoce hoy como la “Carta Magna”.

         Esto que los ingleses dijeron en 1215 es el cimiento de la democracia moderna y, más que un principio, es un enunciado sobre la conducta de las sociedades humanas con respecto a sus gobiernos.

         En efecto, aunque hay otros factores que influyen en la cuestión, como la honestidad de los administradores públicos, existe una relación íntima entre la voluntad de contribución de la gente y su participación en las decisiones que determinan los gastos que serán pagados con ella.

         A menor participación, menor contribución.

         Esto explica el nivel tradicionalmente elevado de la evasión fiscal en el Paraguay: no solamente hay una deshonestidad endémica en la administración de los bienes públicos, sino que hay, principalmente, escasa participación de la gente en la toma de decisiones relativas a los gastos en que será usado su dinero.

         Los breves periodos en que los ciudadanos paraguayos tuvieron libertad no fueron lo suficientemente prolongados como para producir un sistema de representación genuino. La sociedad paraguaya estuvo siempre, pues, tanto en los periodos autoritarios como en los que gozó de libertad, bajo la tutela de pequeñas tribus políticas instaladas sobre ella.

         En el Congreso de la Nación paraguaya nunca hubo, realmente, representantes del pueblo, aunque sí, claro, diputados de los partidos políticos mientras hubo libertad o delegados de los mandones de turno, cuando no la hubo.

         La gente tiene, entonces, reticencia legítima a entregar parte de sus bienes a administradores en los que no confía.

         Esa reticencia no se desactiva creando nuevos impuestos, ni reformulando los existentes.

         Para desactivar esta reticencia es necesaria la legitimidad del gobierno, aunque la legitimidad sola tampoco es suficiente. También se requiere honestidad pero, sobre todo, es imperativa una condición sin la que no habrá arreglo definitivo: un sistema electoral que garantice una representación genuina del pueblo.

         Si la gente puede elegir directamente a sus representantes, sin intermediarios y, una vez elegidos, controlarlos también en forma directa y a intervalos breves y periódicos, entonces, y sólo entonces, se podrá decir que los paraguayos tenemos poder de decisión sobre los gastos que nos obligan a pagar.

         Mientras tanto, el Paraguay del año 2000 no difiere mucho de la Inglaterra anterior a 1215.

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