|
Las
fuerzas que están impulsando una reforma electoral para reducir el número
de elecciones están olvidando deliberadamente el tema de la
financiación de los partidos políticos, asunto más significativo
que cualquiera para explicar las falencias de nuestro sistema
representativo.
En el Paraguay no hay un sistema público que permita al
elector conocer con un adecuado margen de certidumbre quién financia
a los candidatos que le piden el voto.
Así resulta que la ciudadanía ha llegado a votar por
mandatarios que, muy pronto, olvidan sus mandatos para servir a sus
financistas. Tal vez el ejemplo más dramático de esa situación sea
el problema de la crisis financiera desatada a partir de abril de
1995, en la que los legisladores con mandato de proteger el dinero de
los contribuyentes, lo dilapidaron.
Dada la actual manera en que se desarrollan las campañas
electorales y, en general, toda la actividad política, saber quién
paga las cuentas de los políticos es una necesidad prioritaria para
la salud del sistema.
Pero además no solamente hay que saber de dónde proviene el
dinero que usan los políticos, sino que es necesario también
establecer límites a los aportes que cada uno puede recibir en orden
a garantizar la igualdad de oportunidades.
Aunque en este aspecto se presenta el problema de igualar
compulsivamente los fondos que reciben un candidato sensato que genera
consenso y un candidato radical que genera disenso, es evidente que
existe la necesidad de impedir que las elecciones sean decididas según
la capacidad financiera de los políticos.
En este momento, muchos de los mandatarios del Paraguay deben
sus mandatos a la capacidad financiera de los que pagaron sus campañas
y eso, que es muy grave, se agrega a la falta de oportunidades de
control que tiene el electorado sobre aquellos para hacer funcionar el
sistema político paraguayo que, de democracia tiene poco más que el
nombre.
Desde esa perspectiva se observa con más precisión la intención
que tienen las fuerzas que están impulsando la reforma del sistema
electoral, eliminando el escaso control público existente sobre los
mandatarios y pasando completamente por alto el tema financiero.
La reforma que se está impulsando restringirá aún más de lo
que ya está la participación del pueblo en la gestión pública en
el Paraguay.
|
