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Financiación política

Enrique Vargas Peña

25 de setiembre de 2000

  

Las fuerzas que están impulsando una reforma electoral para reducir el número de elecciones están olvidando deliberadamente el tema de la financiación de los partidos políticos, asunto más significativo que cualquiera para explicar las falencias de nuestro sistema representativo.

         En el Paraguay no hay un sistema público que permita al elector conocer con un adecuado margen de certidumbre quién financia a los candidatos que le piden el voto.

         Así resulta que la ciudadanía ha llegado a votar por mandatarios que, muy pronto, olvidan sus mandatos para servir a sus financistas. Tal vez el ejemplo más dramático de esa situación sea el problema de la crisis financiera desatada a partir de abril de 1995, en la que los legisladores con mandato de proteger el dinero de los contribuyentes, lo dilapidaron.

         Dada la actual manera en que se desarrollan las campañas electorales y, en general, toda la actividad política, saber quién paga las cuentas de los políticos es una necesidad prioritaria para la salud del sistema.

         Pero además no solamente hay que saber de dónde proviene el dinero que usan los políticos, sino que es necesario también establecer límites a los aportes que cada uno puede recibir en orden a garantizar la igualdad de oportunidades.

         Aunque en este aspecto se presenta el problema de igualar compulsivamente los fondos que reciben un candidato sensato que genera consenso y un candidato radical que genera disenso, es evidente que existe la necesidad de impedir que las elecciones sean decididas según la capacidad financiera de los políticos.

         En este momento, muchos de los mandatarios del Paraguay deben sus mandatos a la capacidad financiera de los que pagaron sus campañas y eso, que es muy grave, se agrega a la falta de oportunidades de control que tiene el electorado sobre aquellos para hacer funcionar el sistema político paraguayo que, de democracia tiene poco más que el nombre.

         Desde esa perspectiva se observa con más precisión la intención que tienen las fuerzas que están impulsando la reforma del sistema electoral, eliminando el escaso control público existente sobre los mandatarios y pasando completamente por alto el tema financiero.

         La reforma que se está impulsando restringirá aún más de lo que ya está la participación del pueblo en la gestión pública en el Paraguay.  

 

  

 

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