El caso de Patricia Blasco

El caso que afecta a la jueza electoral Patricia Blasco, cuyo enjuiciamiento ha sido solicitado al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por algunos simpatizantes de Domingo Laíno, embajador del encargado del despacho de la Presidencia de la República, debe sumarse a la ya larga lista de hechos que exponen cómo los grupos políticos dominantes han estado impidiendo la independencia de los jueces y, con ello, que haya esperanzas de Justicia en el Paraguay.

La Dra. Blasco se encargó de fiscalizar la reciente convención extraordinaria del partido Liberal Radical Auténtico en la que una abrumadora mayoría de los representantes allí reunidos resolvió, en contra de la posición de Laíno, abandonar el gobierno ilegítimo que preside el senador Luis González Macchi.

Los gubernistas acusan a la Dra. Blasco de violar la Constitución y las leyes durante la convención, lo que se habría materializado, según ellos, al no haber ordenado la jueza el fin de los abucheos históricos que recibieron los partidarios del gobierno ni la adopción del voto secreto, entre otras cosas.

La normalidad de la convención fiscalizada por la Dra. Blasco es evidente para cualquiera que haya seguido sus deliberaciones por cualquiera de los canales de televisión o emisoras de radio que la transmitieron en directo, aunque eso no interesa a los gubernistas.

Lo que interesa a los partidarios de la coalición actualmente en el gobierno es reafirmar el mensaje que están enviando a los jueces al menos desde 1997: el juez que no se alinea con ellos corre el riesgo cierto de ser sometido a proceso.

No a cualquier proceso, sino a un proceso llevado a cabo por ellos mismos, por los gubernistas, cuyas fuerzas dominan el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados desde su creación.

A Laíno y demás oficialistas no les interesa tanto el resultdo de ese proceso, sino el amedrentamiento que importa para jueces que en el futuro puedan verse tentados a actuar con independencia.

Antes que la Dra. Blasco, al menos ocho jueces fueron procesados, y muchos removidos de sus cargos, por haber intentado actuar de acuerdo a sus conciencias y no según los dictados de la coalición que ahora ocupa el poder.

Todo el país, aunque no las embajadas extranjeras, conoce esta intolerable y abierta forma de presión con que las mencionadas fuerzas políticas impiden la independencia de los jueces, presión que va desde la que se ejerce sobre magistrados como la Dra. Blasco hasta la que existe sobre los miembros de la Corte Suprema de Justicia, con resoluciones como la adoptada por el Senado removiendo ilegalmente a tres de sus miembros.

Esa presión es la que ha convertido a la presente administración judicial paraguaya en una de las peores, sino la peor, de todas las muy malas que ha sufrido el Paraguay y que han convertido al país en guarida de ladrones y reino de impunidad.

Pues cuando los jueces están sometidos a presiones como estas, tienden a prevalecer las ordenes de caciques políticos como Domingo Laíno quien, no por casualidad, es uno de los ideólogos de este sistema perverso que priva al Paraguay de Justicia.