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Oviedismo y elecciones

Enrique Vargas Peña

24 de noviembre de 2000

  

La suerte del derecho del pueblo a controlar políticamente al gobierno mediante elecciones municipales de medio término depende, no de la fortaleza de los principios democráticos de algún sector de la “clase política” paraguaya sino de sórdidas negociaciones sobre espacios de influencia.

          Reportes de prensa indican que el destino del proyecto de ley por el que las fuerzas autoritarias del país desean anular, unificando las elecciones nacionales y las municipales, aquel derecho del pueblo a controlar al gobierno está supeditado al tipo de acomodo al que puedan llegar argañistas y oviedistas en el seno del partido Colorado.

         La posición general del oviedismo no es fácil, ciertamente, y en principio, la prioridad que toda entidad viva tiene es su propia supervivencia.

         Sin embargo, lo que el Paraguay necesita imperiosamente es una fuerza, al menos una, que trabaje en base a principios y que en la defensa de esos principios no acceda a transas, aunque eso le cueste dilatar sus pesares.

         El país está pagando las consecuencias de haber promocionado a una “clase política” carente de principios. El Paraguay está sufriendo una de las mayores crisis de su historia, porque ha elevado al poder a gente sin escrúpulos, sin pudor.

         El senador Armando Espínola acaba de producir, en defensa del Ing. Juan Carlos Wasmosy, una prueba lacerante sobre el tipo de marco moral en que se mueven muchos políticos paraguayos.

         El derecho del pueblo a controlar políticamente al gobierno en elecciones de medio término es una basa indispensable del sistema democrático. Es un principio sin el cual podrán transar sin temor al voto castigo políticos como el senador Espínola y aquellos que en público prometen cambios que sacrifican en privado a cambio de pantagruelicos asados wasmosistas.

         Y cuando los políticos pueden transar impunemente a espaldas del pueblo que les da los cargos y los salarios, viáticos y demás estipendios de que gozan, ese pueblo termina teniendo que pagar presupuestos desastrosos como el que para 2001 se está votando en el Congreso, que traerá inflación, recesión y pobreza a casi todos los paraguayos.

         Esto sucede ahora porque en marzo de 1999, una mayoría de la "clase política" logró desconocer y pasar por alto el voto castigo que había recibido el 10 de mayo de 1998. La unificación de las elecciones es la consecuencia institucional lógica del "marzo paraguayo".           

         El oviedismo no debería, pues, si cree realmente en la democracia, negociar ese derecho del pueblo a votar asiduamente en elecciones nacionales y municipales diferenciadas como están ahora. Incluso debería propugnar que la mitad de los dipuatdos y los senadores se sometan al veredicto de las urnas en elecciones de medio término. El oviedismo no debería exponerse a quedar en la misma posición en que ahora está el vicepresidente de la República, Julio César Franco. Hay cosas que no se negocian. La ciudadanía necesita saber que hay cosas que no se negocian.

         Cuando los paraguayos podamos ver a una fuerza política luchando siempre por ensanchar los espacios de participación del pueblo en la gestión del gobierno, luchando de frente, sin pactos de trastienda, entonces, y sólo entonces, podremos volver a creer en algunos políticos.

    

   

    

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