El
diario ABC informa que entre los planes de los directores económicos
del gobierno figura una emisión de dinero por valor de unos
trescientos cincuenta millones de dólares que se realizaría para
cubrir el déficit fiscal.
Se realizará una gigantesca oferta de guaraníes, que
inundarán el país, y, por tanto, el precio del signo monetario
paraguayo caerá con relación al propio Producto Interno Bruto y a
las divisas extranjeras.
Al caer el precio del guaraní, los de los bienes y servicios
tratarán de mantener un nivel constante, para no derrumbarse con el
de la moneda, y serán remarcados a un ritmo equivalente al de la
inyección monetaria o pautados en dólares.
No podrán hacer lo mismo los salarios en guaraníes, que se
fijan en base a contratos fijos y que no están protegidos por una
escala móvil.
En síntesis, de confirmarse las versión señalada al
principio, el gobierno desatará un proceso inflacionario.
La inflación es un impuesto que los gobiernos suelen cargar
sobre la mayoría de la población. Es inconstitucional. Es ilegal.
Y es ilegítimo.
Es un impuesto porque implica una contribución forzosa a la
que se obliga a todos los que trabajan en guaraníes, pues la parte
del precio del signo monetario nacional que se pierde debido a la
mayor oferta de él que hace el gobierno, se la embolsa el propio
gobierno y se destina a financiar el déficit.
Y es inconstitucional e ilegal porque es un impuesto que se
cobra sin permiso del Congreso que, sin embargo, puede enjuiciar a
las autoridades monetarias por este manejo. Y es ilegítimo porque
se usará para cubrir los gastos que el gobierno hizo en orden a
mantener una clientela política.
El crecimiento disparatado del déficit público durante la
gestión de Luis Ángel González Macchi no tiene otra causa que el
uso del Estado como fuente de ingresos para los amigos del gobierno,
ya a través de contratos públicos, ya a través de empleos
directos.
La inflación es, además, un instrumento perverso porque es
una baja en el nivel de ingresos de los que ganan en guaraníes que
permite a algunos empresarios exportar a precio competitivo
sus productos para ganar en dólares, pero no porque hayan mejorado
la productividad, sino porque aplastan artificialmente uno de sus
costos de producción: el salario de los empleados.
Esos empresarios serán más ricos con la inflación, pero a
costa de empobrecer a sus empleados y al resto de los paraguayos.
El gobierno, que ya recurrió a este expediente al principio
de su gestión, no puede tomar peor camino que este que se anuncia.
Hundirá todavía más al país.
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