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Clinton y la intentona

Enrique Vargas Peña

24 de mayo de 2000

     

         El encargado de negocios de Estados Unidos en Paraguay, Stephen McFarland, ha sostenido ayer, 23 de mayo, que la curiosa intentona de derribar a la dictadura ocurrida el 18 de mayo debe imputarse al general Lino Oviedo.

         Dijo eso en el preciso momento en que el asesor presidencial Agustín González Ynsfrán acusaba de golpista al presidente del Congreso, Juan Carlos Galaverna y cuando las autoridades del partido Liberal Radical Auténtico exponían las fundadas dudas que tienen sobre la autoría y motivaciones de la fallida rebelión.

         McFarland acusó a Oviedo mientras todo el país está llegando a conclusiones muy distintas y mientras se comprueban cosas tales como que los tanques presuntamente golpistas iban armados con balas de fogueo o que los ministerios de Defensa a Interior, tal como confirmaron sus propios titulares, estaban totalmente al tanto de los preparativos de esta notable operación.

         Lo menos que puede decirse de esta nueva intervención pública de McFarland es que es apresurada, realizada sin disponer de todas las informaciones existentes sobre el asunto.

         Pero quienes han seguido el desarrollo de la política de Clinton hacia el Paraguay saben que la declaración de McFarland no es fruto de la improvisación que aparenta, sino del deliberado propósito de avalar la versión de los hechos que conviene al hombre de Clinton en Paraguay, Juan Carlos Wasmosy, de quien el señor Galaverna es asalariado.

         Se recordará que Wasmosy es el padrino de las operaciones comerciales que el filipino Mark Jiménez realiza en Paraguay (ensamblaje de computadoras con partes norteamericanas para su venta en los mercados argentino y brasileño), que sirven para que el partido demócrata de Clinton reciba fondos no fiscalizados por las correspondientes autoridades norteamericanas.

         El abogado de ambos, de Jiménez y de Wasmosy, Carlos Mersán, tiene acceso directo a Clinton, según consta en las investigaciones judiciales que por recibo de donaciones electorales ilegales se hacen sobre Jiménez en Estados Unidos, a consecuencia de las cuales el filipino está prófugo de la Justicia norteamericana, aunque protegido por su gobierno.

         Por alguna razón que todavía se desconoce, Clinton ha visto en Oviedo una amenaza para esta fuente de ingresos de su partido y ha realizado todo lo que el señor Wasmosy le ha pedido para avalar la guerra que dicho señor mantiene con el ex comandante del Ejército paraguayo.

         Lo grave es que en su empeño, Wasmosy ha destruido la naciente democracia paraguaya, así como la economía del país, y ha contribuido de manera decisiva a establecer la vigente dictadura paraguaya, por cuyo control total está luchando en este momento.

         La versión de McFarland alienta ese propósito de Wasmosy, resistido ahora por el sector argañista del régimen que, sin embargo, tiene en Clinton su verdadero apoyo fáctico. 

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