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La marcha atrás

Enrique Vargas Peña

El presidente de turno de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fernández Gadea, ha declarado ayer, 23 de febrero de 2000, que el pronunciamiento realizado por ese cuerpo ante una consulta del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) con relación a la duración del ejercicio provisorio de la presidencia de la República por parte del senador Luis González Macchi no es sino una opinión, que afecta solamente al TSJE.

La usurpación del cargo de presidente de la República por parte del senador González Macchi ya ni siquiera tiene, pues, el aval de la única institución que le dio sustento pseudo jurídico, la Corte Suprema, que había dicho, en abril de 1999, que el senador debía ejercer la presidencia hasta el año 2003.

La opinión de la Corte, por supuesto, era ilegal e inconstitucional y uno de los casos más claros de prevaricato de los que abochornan a la administración judicial paraguaya.

Más grave aún, era un golpe del Estado continuo, por el que se abrogaba la soberanía del pueblo paraguayo.

La declaración del presidente de la Corte, quien admitió incluso que ella puede cambiar sus propias decisiones, es una marcha atrás de ese organismo que supone un paso en la dirección correcta a los efectos de devolver al pueblo paraguayo el derecho a elegir sus propios gobernantes.

Pero es correcto no porque Fernández Gadea haya admitido lo que toda persona decente e informada del Paraguay sabía ya, desde que se produjo aquel pronunciamiento, sino porque es un paso que la presión popular ha obligado a dar.

La dictadura de marzo, una dictadura oligárquica, ha agravado cada uno y todos los problemas que afectaban al Paraguay, no tanto por el bandidaje desembozado de muchísimos de sus integrantes y adherentes, sino principalmente por su dinámica feudalizante.

La dictadura de marzo es un régimen organizado por pequeños jefes de gavilla, cada uno tratando de sacar el máximo provecho, a costa del pueblo paraguayo, al que se ha condenado a la humillación y la derrota.

Los responsables tienen nombre y apellido. Pedro Fadul, Fernando Serrati, Guillermo Stanley, Guillermo Caballero Vargas, Juan Carlos Wasmosy, Humberto Rubín, Pascual Rubiani, Domingo Laíno, Julio César Franco, Miguel Abdón Saguier, Demetrio Rojas, Pastor Cuquejo, por citar a algunos de los principales, alentaron y sostuvieron a un régimen que constituye una vergüenza en la historia de nuestra vida política.

El desastre en que sumieron al país reclama una salida, el pueblo está harto y los operadores del régimen empiezan a buscar la manera de salvar el pellejo. Ese es el pequeño triunfo implícito en la declaración de Fernández Gadea, quien (qué casualidad!!) viene a coincidir, una vez más, con el programa político de la persona que lo nominó al cargo, Juan Carlos Wasmosy.

La declaración de Fernández Gadea no es el final de esta lucha pero, parafraseando a Churchill, es el principio del fin.