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La
designación por el Senado de la República del abogado de la
familia Argaña, Oscar Latorre, para el cargo de fiscal general del
Estado, tiene implicancias que van mucho más allá de la mera
solvencia personal del designado, sobre la que los diversos medios
han realizado ya un análisis.
El señor Latorre ha sido votado solamente por la coalición
de fuerzas articulada por el ex presidente Juan Carlos Wasmosy, lo
cual puede indicar dónde se encuentra la lealtad del fiscal general
designado.
La movida acarrea un gran costo político a esa coalición,
pero ella parece dispuesta a pagarlo en orden al objetivo real que
la está moviendo ya en este momento: el proyecto de reelegir al señor
Wasmosy, o a quien él designe, como presidente de la República en
2003.
Si esta perspectiva pudiera confirmarse, el despliegue de
piezas en el tablero sería bastante comprensible.
Latorre ha sido promovido a la Fiscalía General con un sólo
objetivo aparente, el de mantener la exclusión política de un
amplio sector de la sociedad, la Unión Nacional de Colorados Eticos
(UNACE), presida por Lino Oviedo, grupo que, como se ha demostrado
el 13 de agosto, está en posición de impedir cualquier intento de
Wasmosy de retomar directamente la dirección de los asuntos
nacionales.
Aunque la reelección presidencial es todavía
inconstitucional, existe un sordo movimiento de operadores del ex
presidente en el sentido de promover una reforma constitucional que
remueva ese obstáculo, a caballo de otras reformas que sí pudieran
ser necesarias.
Y si esto no se da, hay varios candidatos en los partidos políticos
a servir de prestanombres en el Palacio de López al ex presidente.
Consecuentemente,
la acción de Latorre al frente de la Fiscalía General del Estado
no tardará en hacerse sentir con todo el peso que la posición
aporta.
Debe
recordarse que el fiscal general designado está implicado en el
montaje de un "caso Argaña" (para investigar el asesinato
del vicepresidente Luis María Argaña) en el que se inventaron
testigos y se acusó falsamente, como se ha demostrado, a muchas
personas.
En
el marco de estas operaciones, fue muerto por un comando de fuerzas
del Estado el ciudadano José “Coco” Villar, imputado también
de manera errónea en el asesinato del vicepresidente.
A pesar de ser públicos y notorios estos hechos, la coalición
wasmosista en el Senado impone al país a ese fiscal general. Vale
repetirlo: lo hizo porque no le interesan los costos políticos a la
luz del proyecto que está en marcha.
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