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Marcha por la represión

Enrique Vargas Peña

Tendrá lugar el 24 de marzo una notable marcha política, coordinada por el sacerdote católico Francisco Oliva y organizada, con agregados como el de Milda Rivarola, operadora del ex presidente Juan Carlos Wasmosy, por las personas que integran el proyecto "Paraguay Jaipotáva" de la Iglesia Católica.

Ya se ha creado el clima para que la marcha eventualmente produzca una catársis semejante a la que hace un año sirvió de marco al golpe que derrocó al gobierno constitucional. El régimen del senador González Macchi tiene, pues, la necesidad política y la responsabilidad legal de evitarlo, garantizando la integridad de los concurrentes y el curso pacífico del evento.

El listado de participantes es, a primera vista, impresionante, pues aparecen adhiriendo a la marcha al menos veintiseis entidades distintas.

Aunque, cuando se examina más de cerca la lista, se observa que muchas de esas entidades (Asociación de Empresarios Crisitianos, Comunicadores Laicos, Comunicadores Católicos, Confederación de Religiosos del Paraguay, Junta Arquidiocesana de Laicos, por citar las más conocidas) no son más que partes de un mismo organismo: la Iglesia Católica.

Pero ese no es el punto más significativo de esta marcha. La Iglesia nos ha habituado ya a actuar como un partido más.

La sociedad está también acostumbrada a escuchar, como hará hoy, reclamos retóricos, esos que se hacen con objeto de lograr popularidad a sabiendas de que no pueden realizarse. Por ejemplo, pedir que el vigente régimen mejore su forma de gestionar la cosa pública.

Lo que realmente busca la marcha de hoy es, pues, vigorizar la persecución de los disidentes: "el castigo a los criminales oviedistas". Es el único punto recurrente del petitorio, el único detallado con exquisito rigor y el único que el régimen tiene vocación y posibilidad de cumplir, dada su cultura.

El papa Juan Pablo II puso en evidencia, el pasado domingo 12 de marzo, que la Iglesia suele caer en la tentación de imputar culpas colectivas y perseguir a los acusados, por lo cual pidió un histórico y enaltecedor perdón.

Los judíos, por ejemplo, fueron acusados genéricamente por la Iglesia de matar a Jesús y fueron perseguidos en conjunto durante dos mil años.

En contraposición, el derecho occidental no solamente no admite culpas colectivas ni busca castigar sin despejar antes "toda duda razonable" sobre las responsabilidades individuales, sino que presume la inocencia de las personas.

La Iglesia paraguaya, que pocas veces alentó la adopción de los beneficios del derecho occidental para nuestro país, tampoco parece estar dispuesta ahora a tomar nota del mensaje papal y se apresta a impulsar, con la marcha de hoy, una escalada represiva contra una colectividad, toda entera.

Los esquemas culturales del catolicismo, que produjeron la persecución de los judíos y la Inquisición, que el papa tan valientemente trata de suavizar, mantienen en la Iglesia paraguaya toda su antigua y aterradora dureza.

Como en aquellos célebres "Autos de Fe" en los que se quemaba a los acusados por la Iglesia, hoy marcharán los católicos a la luz de las antorchas, imputando culpas no probadas y pidiendo castigos colectivos.

Así recrudecerá la persecución contra "los criminales oviedistas", como denominan a los miles y miles de paraguayos que ya han sido reducidos a la condición de ciudadanos de segunda por el "delito" de pertenecer a un movimiento político, a los que se pretende ahora segregar con saña aún mayor.