Algunos
medios de comunicación han presentado el mensaje de fin de año de
las autoridades de la Unión Industrial Paraguaya como insistiendo
en el tema de la política cambiaria, a la que acusan de no ser lo
suficientemente devaluacionista como para llegar a constituir un
incentivo para las exportaciones industriales paraguayas.
Esta tesis que se pretende hacer aparecer ahora como avalada
por la Unión Industrial Paraguaya es la misma que condujo a
Argentina, Brasil, Chile, Perú y, en general, a los países de América
Latina, a las hiperinflaciones que sufrieron entre 1960 y 1990 por
aplicar políticas basadas en el reemplazo de la competitividad por
incentivos monetarios.
¿Por qué después de aquellas experiencias, en países
cercanos, que permitieron a todos los paraguayos ver de cerca, sin
sufrirlas, las consecuencias de la devaluación con la excusa de la
exportación se pretende todavía aquí reeditar ese camino de
servidumbre?
Aún cuando sea cierto que la autoridad monetaria ha emitido
dinero sin respaldo en una cantidad mucho mayor que la que permitía
el Producto Interno Bruto lo que explica la pérdida de dólares
en defensa del decreciente valor de la moneda el Banco Central
del Paraguay tiene la obligación de sostener dicho valor.
Esa es una obligación constitucional, legal, moral y política
que tiene.
Es decir, si bien es cierta la primera parte de la posición
que se imputa a la Unión Industrial Paraguaya, en el sentido que el
guaraní no tiene el valor que realmente le corresponde porque se
han emitido cantidades mucho mayores que las permitidas por la
economía, de ella no se puede deducir lógicamente la segunda
parte, según la cual debe reducirse aún más rápidamente el valor
del guaraní para suplir las falencias de competitividad del sector
industrial.
Nadie tiene derecho a cargar sobre el resto de la sociedad
los costos de sus ganancias. Estas deben ser resultado de una mejor
productividad. No es justo que deprimiendo el poder adquisitivo de
los trabajadores paraguayos se logren rentas para unos pocos,
beneficios que surgen no porque se hayan creado maneras más
eficientes de producir, sino porque se pagan, con la complicidad del
Estado, menores salarios.
Es comprensible que en medio del mar de injusticias y
privilegios en que se ha convertido nuestro país después de marzo
de 1999, la Unión Industrial Paraguaya se encuentre desesperada por
la situación acuciante de sus miembros.
Pero sus autoridades deberían evitar la trampa de aparecer
como impulsoras de las ideas devaluacionistas del señor Washington
Ashwell, presidente del Banco Central y de los malos exportadores
que buscan ganancias empobreciendo a los paraguayos.
La
Unión Industrial Paraguaya ha sido una entidad como pocas de su
clase pues, hasta ahora, nunca se había dejado arrastrar por la
presión gremial, corporativa, a favor de la obtención de
privilegios. La suya había sido siempre una posición a favor de
los principios de una economía sana.
Los industriales, gente de trabajo, saben que no hay alternativas
reales a la economía sana, porque a la larga todos pierden con la
devaluación como se ve al recordar a la Argentina de 1989, al
Brasil de 1991, al Perú de 1988.
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