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La cuestión cambiaria

Enrique Vargas Peña

22 de diciembre de 2000

Algunos medios de comunicación han presentado el mensaje de fin de año de las autoridades de la Unión Industrial Paraguaya como insistiendo en el tema de la política cambiaria, a la que acusan de no ser lo suficientemente devaluacionista como para llegar a constituir un incentivo para las exportaciones industriales paraguayas.

         Esta tesis que se pretende hacer aparecer ahora como avalada por la Unión Industrial Paraguaya es la misma que condujo a Argentina, Brasil, Chile, Perú y, en general, a los países de América Latina, a las hiperinflaciones que sufrieron entre 1960 y 1990 por aplicar políticas basadas en el reemplazo de la competitividad por incentivos monetarios.

         ¿Por qué después de aquellas experiencias, en países cercanos, que permitieron a todos los paraguayos ver de cerca, sin sufrirlas, las consecuencias de la devaluación con la excusa de la exportación se pretende todavía aquí reeditar ese camino de servidumbre?

         Aún cuando sea cierto que la autoridad monetaria ha emitido dinero sin respaldo en una cantidad mucho mayor que la que permitía el Producto Interno Bruto – lo que explica la pérdida de dólares en defensa del decreciente valor de la moneda – el Banco Central del Paraguay tiene la obligación de sostener dicho valor.

         Esa es una obligación constitucional, legal, moral y política que tiene.

         Es decir, si bien es cierta la primera parte de la posición que se imputa a la Unión Industrial Paraguaya, en el sentido que el guaraní no tiene el valor que realmente le corresponde porque se han emitido cantidades mucho mayores que las permitidas por la economía, de ella no se puede deducir lógicamente la segunda parte, según la cual debe reducirse aún más rápidamente el valor del guaraní para suplir las falencias de competitividad del sector industrial.

         Nadie tiene derecho a cargar sobre el resto de la sociedad los costos de sus ganancias. Estas deben ser resultado de una mejor productividad. No es justo que deprimiendo el poder adquisitivo de los trabajadores paraguayos se logren rentas para unos pocos, beneficios que surgen no porque se hayan creado maneras más eficientes de producir, sino porque se pagan, con la complicidad del Estado, menores salarios.

         Es comprensible que en medio del mar de injusticias y privilegios en que se ha convertido nuestro país después de marzo de 1999, la Unión Industrial Paraguaya se encuentre desesperada por la situación acuciante de sus miembros.

         Pero sus autoridades deberían evitar la trampa de aparecer como impulsoras de las ideas devaluacionistas del señor Washington Ashwell, presidente del Banco Central y de los malos exportadores que buscan ganancias empobreciendo a los paraguayos. 

La Unión Industrial Paraguaya ha sido una entidad como pocas de su clase pues, hasta ahora, nunca se había dejado arrastrar por la presión gremial, corporativa, a favor de la obtención de privilegios. La suya había sido siempre una posición a favor de los principios de una economía sana.

            Los industriales, gente de trabajo, saben que no hay alternativas reales a la economía sana, porque a la larga todos pierden con la devaluación como se ve al recordar a la Argentina de 1989, al Brasil de 1991, al Perú de 1988.  

   

   

    

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