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Se
publicó días pasados el informe general de Amnistía Internacional
sobre los derechos humanos en el mundo y, en ese marco, publico su
informe el capítulo paraguayo de la entidad.
Este reporte sobre el Paraguay se centra, curiosamente, no
tanto en los hechos ocurridos entre marzo de 1999 y el presente,
sino principalmente en hechos anteriores, de los cuales aquel marzo
viene a ser una especie de culminación.
Se dirá, y con razón, que el periodo de tiempo que enfoca
el informe del capítulo paraguayo de Amnistía Internacional es
fundamental para comprender todos los sucesos posteriores.
Pero eso no obstaba para enfatizar las violaciones de los
derechos humanos y los derechos cívicos que ocurrieron a partir de
la instalación del vigente régimen paraguayo.
Desde marzo de 1999, en Paraguay han sido arbitrariamente
apresados periodistas, políticos opositores, senadores, diputados;
se ha amedrentado a quienes expresaban determinadas simpatías
electorales, se ha impedido el derecho de reunión, manifestación y
petición a diversos grupos ciudadanos; no se ha brindado la garantía
de seguridad del Estado a ciudadanos que fueron víctimas de
hostigamientos por parte de particulares oficialistas, o de
espionaje telefónico; la administración judicial ha actuado
influenciada por decisiones políticas del régimen; se ha
torturado, se ha restablecido el miedo.
Al minimizar toda esta situación, que, sin embargo, ha sido
mencionada incluso por el reporte anual que sobre derechos humanos
realiza el Departamento de Estado de Estados Unidos, a pesar de ser
el gobierno norteamericano el principal sostén del régimen
paraguayo, los autores del informe del capítulo paraguayo de Amnistía
Internacional evidencian una parcialidad que aparentemente no encaja
en el standard establecido por la entidad a nivel mundial.
Amnistía Internacional llegó al grado de consideración que
hoy tiene, en el que sus informes son considerados con la mayor
seriedad por el Parlamento Europeo, las Naciones Unidas e, incluso
el propio gobierno norteamericano, debido a que logró, en un
tiempo, sobreponerse a la parcialidad que exigían las fuerzas políticas
en los diversos países en los que le toca actuar.
Pero cayendo en ella, como ocurre en el informe del capítulo
paraguayo, no tardará en verse minado el prestigio de Amnistía
Internacional, no solamente porque dicha parcialidad será puesta de
manifiesto por los afectados en algún momento, sino porque los
hechos, los hechos fríos, seguirán allí para ser contrastados con
las palabras que obran en ese informe.
Las torturas siguen allí, las arbitrariedades siguen allí,
el miedo sigue allí y aunque el informe del capítulo paraguayo de
Amnistía Internacional trate de disimularlos, de esconderlos, de
relativizarlos, allí permanecerán para vergüenza perenne de
quienes apañan la conducta del régimen que preside el senador Luis
Angel González Macchi.
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