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Amnistía Internacional

Enrique Vargas Peña

22 de junio de 2000

    

Se publicó días pasados el informe general de Amnistía Internacional sobre los derechos humanos en el mundo y, en ese marco, publico su informe el capítulo paraguayo de la entidad.

         Este reporte sobre el Paraguay se centra, curiosamente, no tanto en los hechos ocurridos entre marzo de 1999 y el presente, sino principalmente en hechos anteriores, de los cuales aquel marzo viene a ser una especie de culminación.

         Se dirá, y con razón, que el periodo de tiempo que enfoca el informe del capítulo paraguayo de Amnistía Internacional es fundamental para comprender todos los sucesos posteriores.

         Pero eso no obstaba para enfatizar las violaciones de los derechos humanos y los derechos cívicos que ocurrieron a partir de la instalación del vigente régimen paraguayo.

         Desde marzo de 1999, en Paraguay han sido arbitrariamente apresados periodistas, políticos opositores, senadores, diputados; se ha amedrentado a quienes expresaban determinadas simpatías electorales, se ha impedido el derecho de reunión, manifestación y petición a diversos grupos ciudadanos; no se ha brindado la garantía de seguridad del Estado a ciudadanos que fueron víctimas de hostigamientos por parte de particulares oficialistas, o de espionaje telefónico; la administración judicial ha actuado influenciada por decisiones políticas del régimen; se ha torturado, se ha restablecido el miedo.

         Al minimizar toda esta situación, que, sin embargo, ha sido mencionada incluso por el reporte anual que sobre derechos humanos realiza el Departamento de Estado de Estados Unidos, a pesar de ser el gobierno norteamericano el principal sostén del régimen paraguayo, los autores del informe del capítulo paraguayo de Amnistía Internacional evidencian una parcialidad que aparentemente no encaja en el standard establecido por la entidad a nivel mundial.

         Amnistía Internacional llegó al grado de consideración que hoy tiene, en el que sus informes son considerados con la mayor seriedad por el Parlamento Europeo, las Naciones Unidas e, incluso el propio gobierno norteamericano, debido a que logró, en un tiempo, sobreponerse a la parcialidad que exigían las fuerzas políticas en los diversos países en los que le toca actuar.

         Pero cayendo en ella, como ocurre en el informe del capítulo paraguayo, no tardará en verse minado el prestigio de Amnistía Internacional, no solamente porque dicha parcialidad será puesta de manifiesto por los afectados en algún momento, sino porque los hechos, los hechos fríos, seguirán allí para ser contrastados con las palabras que obran en ese informe.

         Las torturas siguen allí, las arbitrariedades siguen allí, el miedo sigue allí y aunque el informe del capítulo paraguayo de Amnistía Internacional trate de disimularlos, de esconderlos, de relativizarlos, allí permanecerán para vergüenza perenne de quienes apañan la conducta del régimen que preside el senador Luis Angel González Macchi.  

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