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Silenciando a la crítica

Enrique Vargas Peña

22 de mayo de 2000

   

Con la excusa que le fue otorgada por la insurrección de la pasada semana, el gobierno encabezado por el senador Luis Ángel González Macchi ha resuelto privar de libertad a varios periodistas en el marco de un movimiento más amplio de acallar la crítica a su gestión.

         Prueba de este propósito es el increíble desmantelamiento de Radio Asunción, en violación flagrante a lo ordenado en el artículo 27 de la Constitución de 1992 que establece que “el empleo de los medios masivos de comunicación social es de interés público; en consecuencia no se los podrá clausurar ni suspender su funcionamiento”.

         La intención de silenciar a la opinión crítica no hace más que confirmar la naturaleza del régimen político que sufre el Paraguay, que se había inaugurado hostigando duramente a los críticos de las fuerzas que lo sostienen, en marzo de 1999.

         Son vanos los reclamos a favor de la libertad de expresión que se plantean a quienes aprobaron el estado de sitio del que se vale el gobierno para amordazar a sus críticos, pues es conocido que en ocasiones anteriores ellos ya sacrificaron los principios en el altar de la razón política.

La vocación del gobierno de González Macchi estaba despertando suficientes dudas nacionales e internacionales (véanse los informes de Naciones Unidas, OEA y Departamento de Estado de EEUU sobre abusos de poder en el Paraguay) como para que los políticos pudieran alegar inocencia a la hora de entregarle los poderes extraordinarios que le dieron.

También son inútiles los llamados que se hacen a los gobiernos extranjeros para que observen lo que está sucediendo en el Paraguay, pues muchos de ellos están implicados en la presente situación y han avalado antes situaciones incluso peores.

Baste recordar el apoyo internacional que tuvieron regímenes tales como el de los Somoza en Nicaragua, el que los militares instalaron en Argentina desde 1955 o el que ha recibido hasta hace muy poco el del señor Alberto Fujimori.

De hecho, la insurrección de la pasada semana dio a aquellos gobiernos señalados la oportunidad de cerrar nuevamente los ojos mientras González Macchi hace lo que quiere en el Paraguay.

Tampoco cabe esperar que las corporaciones que reciben privilegios públicos hagan algo por evitar el silenciamiento de las voces críticas, considerando que sus más importantes exponentes son los que con mayor vehemencia claman por restringir la participación popular.

El derecho a criticar libremente al gobierno, así como todos los demás derechos que hacen a la ciudadanía y de los que depende la libertad, no pueden ser depositados en custodia de los políticos o de las potencias extranjeras, sino que deben sostenerse en su constante ejercicio y en la vigilancia de los paraguayos que desean vivir en un país decente.

Por cada periodista que vaya preso, por cada medio de comunicación que sea desmantelado, los ciudadanos deben hacer surgir nuevas voces que mantengan la esperanza en el Paraguay.

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