Las
recaudaciones alcanzan para cubrir apenas tres cuartos de los gastos
salariales del Estado y, además, están en descenso. Los gastos públicos,
sin embargo, aumentan porque el gobierno sigue contratando gente y
sigue otorgando sinecuras a sus allegados.
Todos, desde los enviados del Fondo Monetario Internacional
hasta los lectores de los medios, le están diciendo al gobierno lo
que debe hacerse para salir de la situación explosiva en que se
encuentran las finanzas públicas, pero nadie, en el sector oficial,
con la excepción del ministro de Hacienda, hace nada significativo
para revertir la tendencia.
Las cosas, en la economía, no son muy complicadas y las fórmulas
son del dominio público.
El
gobierno no puede inventar los recursos que necesita para mantener al
funcionariado. Mucho menos puede inventarlos para la decreciente
inversión pública.
Salvo
que obtenga algún nuevo crédito internacional, semejante al que le
otorgó el gobierno de Taiwán, no tendrá más camino que hipotecar,
en detrimento de los intereses nacionales, algunos bienes de la República
o, lo que es igualmente desastroso, emitir moneda.
Hay
numerosos partidarios de esto último en el mundo oficial y en el de
sus amigos, que con este último expediente no solamente pagarán con
la disminución del poder adquisitivo de los ciudadanos el
sostenimiento de la burocracia, sino que licuarán sus deudas en
guaraníes (pues así ha sido contratada la mayoría de ellas).
Consecuentemente,
las perspectivas no pueden ser peores. A corto o mediano plazo la
economía paraguaya acelerará drásticamente su incursión en la
stangflación.
Y
ante eso no basta con tener buena onda como dicen algunos
empresarios, para evitar la catástrofe. La buena onda y la
buena voluntad no alcanzan, lamentablemente, para modificar las malas
políticas del gobierno.
Para que las cosas comiencen a mejorar, es necesario cambiar esas políticas.
Lo que hay que saber es si el gobierno tiene posibilidades reales de
cambiarlas sin comprometer los mecanismos en que se sustenta
socialmente.
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