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Un mes de silencio

Enrique Vargas Peña

20 de junio de 2000

               

         Ayer, 19 de junio, se cumplieron treinta días desde que las fuerzas del gobierno paraguayo silenciaron tres radio emisoras críticas, Radio Nanawa, Radio Ybytyruzú y Radio Asunción.

         Radio Asunción sigue en silencio y Radio Nanawa fue incorporada al aparato propagandístico oficial.

         Se recordará que el 19 de mayo de 2000, tras los llamativos sucesos de la noche anterior, que el gobierno calificó de intento golpe de Estado, se estableció el estado de sitio, se ordenó la captura de numerosos dirigentes opositores y se realizó un asalto coordinado sobre los últimos restos de prensa radial independiente que quedaban en el Paraguay.

         Las mencionadas radios fueron silenciadas, sus equipos destruidos, a pesar de prohibirlo expresamente la Constitución, lo que se agregó al intento de silenciar programas independientes en otras emisoras y de privar de libertad a periodistas que no están sometidos a las ordenes del régimen.

Es interesante observar cómo actuó el gobierno con respecto a Radio Asunción, para poder entender fácilmente que lo que existe en Paraguay no es una democracia, ni una transición a la democracia, sino una dictadura pura y dura.

         La Constitución paraguaya dispone, en su artículo 24, que “nadie puede ser molestado, indagado u obligado a declarar por causa de sus creencias o de su ideología”; el artículo 25 declara que “se garantiza el pluralismo ideológico”; el artículo 26 dice que “se garantiza la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y la opinión, sin censura alguna...No habrá delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por medio de la prensa” (estos son, según especificó el convencional Rafael Eladio Velásquez durante la Convención Constituyente de 1992, a difamación, injuria y calumnias) y agrega, el artículo 26 “toda persona tiene derecho a generar, procesar o difundir informaciones, como igualmente a la utilización de cualquier instrumento lícito y apto para tales fines” y el artículo 27, finalmente, establece que “el empleo de los medios masivos de comunicación social es de interés público; en consecuencia no se los podrá clausurar ni suspender su funcionamiento”.

         La Constitución paraguaya es clara. De hecho, es una de las más claras a este respecto en el mundo entero. Su claridad es meridiana, incontrovertible, evidente.  

         Sin embargo, en el caso de Radio Asunción el gobierno ha violado de manera flagrante cada uno de los artículos constitucionales mencionados: ha suspendido el funcionamiento de un medio, ha molestado a sus propietarios a raíz de sus posiciones ideológicas, les ha imputado la comisión de delitos de prensa y les ha impedido generar información.

         Cuando un gobierno viola impunemente la carta legal que regula su funcionamiento, extendiendo sin límite su poder y ejerciéndolo arbitrariamente, ese gobierno, diga lo que diga el presidente de Estados Unidos, es una dictadura.

         Y si el presidente de Estados Unidos dice que es una democracia, es porque está defendiendo a “sus hijos de puta”, en la tradición de su antecesor y correligionario Franklin Roosevelt que también decía, sin ponerse colorado, que el régimen de los Somoza en Nicaragua era una democracia. 

 

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