La impunidad segura

Enrique Vargas Peña

El encargado del despacho de la Presidencia de la República, Luis González Macchi, admitió en La habana, Cuba, la existencia de los hechos denunciados por el diario ABC referidos a soborno y tráfico de influencias para el equipamiento del Hospital Militar.

El ministro de Salud, Martín Chiola, hizo lo propio con referencia a una reunión del grupo de supuestos beneficiarios de la operación, llevada a cabo en la residencia de Aníbal Canillas, a objeto, según declaraciones del propio ministro, de "sugerirle" "agilizar" los trámites del contrato respectivo.

El fiscal general del Estado "está estudiando" si hay elementos suficientes para incriminar penalmente a los implicados, dando largas a un asunto que no requiere de mayores pruebas dado el nivel de quienes han confirmado la existencia de la operación.

Este es el mismo fiscal que corre presuroso a recomendar la cárcel para los opositores en base a denuncias delirantes, basadas en premisas falsas y construcciones lógicas erradas, sin prueba alguna, real o circunstancial.

Las dilaciones del fiscal constituyen un caso clásico de impunidad garantizada a los que mandan por parte de un funcionario que obviamente prefiere dirigir la atención de su oficina a otros asuntos, lo que explica el nivel de corrupción existente en el Paraguay.

Los que mandan saben que Aníbal Cabrera Verón no actuará contra ellos salvo orden expresa de Juan Carlos Wasmosy instrumentada en denuncias de Marcelo Duarte.

Están desvalijando el país, pero el fiscal va tomarse tiempo para estudiar si, tal vez, existen elementos incriminatorios en un asunto que ha sido asumido por dos de los principales involucrados.

Este es el "Paraguay Jaipotáva" que construyeron en marzo los "Jóvenes por la Democracia", demócratas muy particulares puesto que no quieren elecciones y se asustan de la idea de consultar al pueblo.

Nunca se había visto a un grupo autoritario tan exitosamente disfrazado para asaltar al Paraguay y despojar a su pueblo de su derecho a elegir gobernantes.

La impunidad desde la que González Macchi y Martín Chiola reconocen los hechos dudosos de los que tienen conocimiento es la que está quebrando al país, al agregar a los gastos públicos un porcentaje significativo destinado a las comisiones con las que los oligarcas se compran estancias y departamentos en Miami, o cuatro por cuatro y jet skies para cuando deban estar aquí.

Esa impunidad es la que priva a los niños de la calle de la educación que merecen, de la salud que necesitan, pues los recursos que hubieran podido destinarse a atender esas cosas se dilapidan en engrosar las cuentas bancarias de los ladrones investidos de autoridad.