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Hay responsables

Enrique Vargas Peña 

18 de junio de 2001

La muerte de Diego Emanuel Báez -un estudiante de 15 años-, despojado de la vida por pandilleros carentes de conciencia moral, ha sido la excusa que han utilizado algunos dirigentes para seducir a la sociedad con la tentación autoritaria.                                                                La creciente violencia, dicen, es consecuencia de los excesivos derechos que tendrían los jóvenes y los acusados de la comisión de delitos contra la vida o la propiedad.
La solución, sostienen, está en limitar los derechos y en dotar de mayor poder coercitivo a las instituciones armadas, policiales o militares, para que puedan hacer frente con eficacia a las amenazas que acechan a la gente decente.
Y citan como ejemplo los nuevos poderes que se han concedido a la policía argentina (allanamientos sin orden judicial, detención sin causa de personas, etc.) o los que tiene ahora el ejército colombiano (arrestos y requisas).
Esta militarización de la sociedad que proponen los autoritarios para frenar la violencia pocas veces ha tenido éxito y, en la mayoría de los casos, ha terminado simplemente agravando los problemas, al agregar arbitrariedad estatal a los desbordes sociales.
El remedio, pues, debería buscarse en otra parte.
Es evidente que mientras el Estado y el Municipio gasten todos sus recursos en pagar a sus clientelas políticas convertidas en funcionariados o contratos públicos para los amigos, no tendrán fondos para dotar mejor a la policía o al ejército.
Si el presidente González Macchi o el intendente Burt no hubieran gastado tanto en favores políticos, la policía hubiera podido tener más personal mejor entrenado, más vehículos, más radios, mejores sistemas de prevención de delitos y, finalmente, mejores armas.
La institución policial, organizada actualmente sobre bases militares, no sirve para defender a la gente decente. No le sirvió a Diego Emanuel Báez.
La policía debe hacerse civil, invertir en personal muy calificado capaz de desarrollar estrategias de prevención del crimen y, eventualmente, de esclarecimiento de delitos y aprehensión de los complicados en ellos.
Pero, para que eso suceda, los diputados y senadores deberían tener en la cabeza algo más que ambiciones pecuniarias personales.
Ahí es donde la muerte de Diego Emanuel Báez confirma, trágicamente, la quiebra moral de la autodenominada "clase dirigente" del Paraguay, que, en realidad, no es más que una ralea despreciable de sinvergüenzas.
Si el país tuviera políticos y dirigentes decentes, hace mucho tiempo se hubieran hecho las reformas que hubieran podido salvar la vida de numerosas víctimas de la violencia.
¿Cuántos más tendrán que perder la vida para que los políticos dejen de regalarse la plata que les da el pueblo?
Si la "clase dirigente" no estuviera todo el día actuando como si el fin justificara los medios, tal vez los asesinos de Diego Emanuel Báez hubieran sabido que una vida no justifica una mochila.
Pero no tienen intención de dejar de hacerlo.
Al contrario, ahora usan la muerte de Diego Emanuel Báez como pretexto para pedir más restricciones a los derechos ciudadanos, es decir, más oportunidades para ellos de seguir vaciando al Paraguay.

    

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