Enrique Vargas Peña

Han aparecido en algunos medios de prensa informaciones relativas a un pedido de extradición solicitado por Estados Unidos a Filipinas para detener y enviar a América al ciudadano filipino Mark Jimenez, cuyo nombre real es otro, acusado de lavado de dinero y piratería.

¿Quién es este filipino?

Mark Jiménez es un hombre que en su listado de teléfonos tiene el número personal del presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, así como el del subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, Peter Romero.

¿Por qué tiene Jiménez el número personal de Clinton?

Porque ha realizado importantes contribuciones monetarias a las campañas con las que el inquilino de la Casa Blanca llegó allí: es un importante aportador de fondos para el señor Clinton.

Cualquier persona que aspire a la presidencia de Estados Unidos debe recibir, por supuesto, muchísimas contribuciones en orden a financiar los elevados gastos de una campaña presidencial norteamericana, una lucha electoral que dura casi dos años en la que deben contratarse innumerables colaboradores, desde redactores de discursos hasta encuestadores, pasando por asesores de imagen y llegando a guardaespaldas, además de aviones, autos, hoteles, horarios de televisión, agencias publicitarias, bancos, etc.

A cambio de sus contribuciones, los aportantes piden favores de diversa índole, desde invitaciones a la Casa Blanca hasta vistos buenos para contratos públicos, desde el acceso directo hasta una simple foto.

El sistema democrático norteamericano ha tratado de controlar y formalizar estos aportes para evitar que lleguen a desvirtuar la capacidad electoral del pueblo, pero está fracasando en el intento. Nada más hay que recordar el discurso del "complejo militar industrial" del presidente Eisenhower.

El señor Clinton ha recibido aportes con intenciones harto dudosas. El antecedente más serio es el de los fabricantes de misiles chinos, que aportaron seiscientos mil dólares para la primera elección del presidente, caso que fue ventilado profusamente en público por el fiscal especial Kenneth Starr en el marco de las investigaciones sobre la inconducta presidencial, que incluyeron el escándalo financiero de Whitewater y el "affaire" Lewinsky.

Los chinos deseaban acceso a los avances tecnológicos norteamericanos y el caso llegó al nivel de escándalo porque Clinton aceptó una contribución que implicaba un riesgo cierto e inmediato para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Mark Jiménez no realizó aportes que implicaran riesgos de esa naturaleza, pero tenía, o tiene, importantes vinculaciones con empresarios en América Latina.

Por ejemplo, es quien negoció una frustrada entrevista entre Clinton y el ex presidente paraguayo Juan Carlos Wasmosy quien, a su vez, mantiene una oficina de lobby en Washington, en la que trabajan para él, para Wasmosy, figuras norteamericanas como el ex embajador en Asunción, Timothy Towell.